
El reto Semefo

El reto Semefo
Hace siete meses referí aquí cómo en el vecino y también conflictivo Estado de Zacatecas bastó el caso de un retraso de ocho meses en la entrega de un cuerpo de un joven desaparecido para que se cesara y se iniciaran investigaciones contra directivos del Servicio Médico Forense, que como el de Jalisco, sufre un colapso y agrava el problema de las desapariciones, en lo que corresponde a la identificación y entrega de sus restos mortales a los sufridos familiares que tienen que vivir un calvario de trámites.
Como sabemos, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se han registrado casos de espera de mucho tiempo más y nada ha pasado. Está ahí el caso de María Guadalupe Alcalá, una joven de Tlajomulco que a la edad de 16 años desapareció un 24 de marzo de 2016. Su cuerpo llegó al Servicio Médico Forense (Semefo) en septiembre de ese mismo año, pero a su familia, por todo el desorden que priva en sus procesos, le avisaron hasta julio del año pasado, luego de ocho años de angustia, dolor y búsqueda.
Pese a ello, en la pasada administración no hubo ningún deslinde de responsabilidades. Las quejas de las personas buscadoras y los colectivos a los que pertenecen, así como de las organizaciones que los apoyan, nunca se atendieron ni hubo una mejora en el servicio.
Ni el escándalo en el 2018 por los “tráileres de la muerte”, cuando por la saturación que ya se presentaba en el Semefo se decidió pasear por la ciudad a los cadáveres en estos frigoríficos y se despidió y procesó al entonces director Luis Octavio Cotero Bernal, quien fue exonerado en 2023, provocó que en los últimos seis años se buscara acabar con esta crisis.
Lejos de ello, la situación se agravó por el incremento récord en el número de homicidios en el pasado sexenio de Enrique Alfaro, por el fenómeno de las fosas clandestinas y por la mutilación de cuerpos que ha aumentado la sobrecarga de trabajo para los peritos.
Es claro que lo primero que se debe reconocer es el colapso que se tiene en el Semefo y luego destinar más recursos para aumentar su capacidad de operación.
Sin duda, con el cambio de directivos en el IJCF y en la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se abre una gran oportunidad de cambiar de verdad esta historia. Más aún por la promesa del Gobierno de Pablo Lemus, de que la selección de los responsables de estas instituciones será con el consenso de los colectivos de víctimas de desapariciones y con altos estándares para evaluar los perfiles a los que les tocará enfrentar el reto Semefo y atender con mayor empatía a quienes sufren el más doloroso de los delitos.
jbarrera4r@gmail.com
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