El Congreso de los Estados Unidos está desahogando ocho audiencias públicas para indagar sobre la actuación de funcionarios en la revuelta del 6 de enero de 2020, en torno a una posible concertación para revertir los resultados de las elecciones que ganó Joe Biden. Hasta ahora las revelaciones de testigos han conducido a los representantes populares que conducen el panel a plantear la sospecha de que el Presidente Trump faltó a sus deberes y aún podría haber auspiciado o consentido la revuelta que causó la muerte a muchas personas.El comité que conduce el proceso reunió pruebas y testimonios -proporcionados en gran parte por los ayudantes del señor Trump y otros republicanos- encaminados a lograr dos objetivos inmediatos, además de dejar testimonio para la historiaUno de los objetivos inmediatos fue señalado por la representante Liz Cheney, la republicana de Wyoming que es la vicepresidenta del panel, es convencer a los votantes de que Donald Trump, que ha dejado claro que es probable que se presente a las elecciones presidenciales de 2024, debería ser inhabilitado para volver a ocupar el cargo. El otro objetivo, como el comité ha estado señalando durante meses, es presionar al Departamento de Justicia para que lleve a cabo una investigación más urgente y agresiva sobre si el sr. Trump podría ser procesado por sus acciones.En ese sentido los miembros del panel quieren que exista una rendición de cuentas efectiva por parte del ex Presidente y de quienes habrían participado en esta trama. Por lo pronto hay ya personas que serán procesadas al negarse a colaborar con la investigación como Steve Bannon el controvertido asesor de Trump, y personas que están siendo citadas a declarar, no solamente en el proceso que lleva a cabo el Congreso, sino en investigaciones que se desarrollan en Atlanta, Georgia, en donde se investigan las maniobras para intentar revertir el resultado en ese estado en donde se han comprometido a funcionarios locales y se han requerido declaraciones de personas cercanas como Rudolph Giuliani y otros colaboradores de la Casa Blanca entonces.Es importante señalar que aunque el panel considera que hay elementos para iniciar un proceso judicial, son los fiscales del departamento de justicia quienes tienen la libertad y obligación de indagar para decidir si hay razones suficientes para acusar ante los tribunales a un ex presidente. De forma que el resultado del panel es ante todo un elemento de valor político. Las acciones se enfocan precisamente a influir en la opinión pública para minar las posibilidades de que Trump sea postulado como candidato, como al parecer es su intención, y al mismo tiempo provocar una división en los sectores conservadores del partido republicano. Ese pareciera ser el propósito inmediato que se vislumbra de cara al proceso electoral de noviembre próximo que presenta gran dificultad para los demócratas.Respecto al proceso judicial, aún no queda claro , si la evidencia mostrada hasta ahora en el panel, ni las investigaciones de Georgia llegarán a un proceso contra el ex presidente que cuenta aun con tiempo y armas para dilatar cualquier esfuerzo por adelantar las cosas. Pareciera que la apuesta del millonario es lanzar su candidatura para argumentar que todos los procesos tienen únicamente un contenido político. Las acciones que desarrollan los representantes y el Departamento de Justicia representan una prueba para la democracia norteamericana y tienen un gran valor simbólico respecto a las acciones populistas que irrumpen en la vida institucional. El proceso judicial que seguramente se iniciará en los próximos meses, independientemente del resultado final, es un símbolo del valor de las instituciones sobre la voluntad de poder de las personas, un signo del valor de la democracia.luisernestosalomon@gmail.com
