Una idea fundamental de la democracia liberal es la de los pesos y contrapesos entre poderes. La idea detrás es que el poder no debe recaer en una sola instancia decisoria. En una República moderna se prevé que quien tiene el poder de ejercer la violencia legítima no tenga también la potestad de decidir sobre el presupuesto. O, quien tenga cualquiera de estas dos capacidades, no pueda también decidir sobre la constitucionalidad de las leyes.La idea del equilibrio de Poderes supone también que las diferentes ramas del Gobierno no sean autárquicas, sino que establezcan relaciones entre ellas y, de hecho, que cada una intervenga, hasta cierto punto, en el quehacer de otra, a partir de lo que racionalmente permite el marco constitucional. Así, por ejemplo, el nombramiento presidencial de miembros del gabinete o de embajadores requiere de la aprobación del Senado o una ley aprobada por el Congreso necesita que el Poder Judicial decida sobre su constitucionalidad.Estas intervenciones de un poder sobre otro se aceptan siempre y cuando se mantenga un equilibrio y ninguna de las ramas domine claramente a las otras. La cuestión es cómo saber cuándo un poder está infringiendo la autonomía de otro. En última instancia esto tendría que ser una atribución del Poder Judicial. Sin embargo, en la práctica en este tipo de decisiones intervienen también opiniones de jurisconsultos reconocidos, barras de abogados, académicos y líderes de opinión.En el debate que se está llevando a cabo sobre la reforma judicial propuesta por el Presidente, varias de las reformas propuestas son evidentemente un atentado contra la independencia judicial, como, por ejemplo, la elección de los jueces. Otra de las reformas que pudiera considerarse atentatoria contra la necesaria autonomía del Poder Judicial es la de la creación de un Tribunal de Disciplina. De acuerdo con sus proponentes, esta instancia podría sancionar una hipotética conducta ilegal de ciertas personas juzgadoras. Hasta aquí las cosas parecieran ir por buen camino. El problema es que la intención de quienes proponen esto va más allá de un simple intento de someter a la justicia a jueces. Como lo ha señalado el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la creación de un Tribunal de Disciplina entrañaría que un solo grupo de juzgadores pudiera actuar, a la vez, como fiscal, instructor y juez. Esto, desde luego, atentaría contra el principio según el cual nadie debe ser juez y parte en un juicio. Otro problema es que las causas que se prevén en la iniciativa para someter a personas juzgadoras son tan ambiguas que podrían interferir en la independencia del Poder Judicial. Estaríamos ante un caso en el que el Tribunal de Disciplina tendría tal poder que decisiones judiciales recaerían, en la práctica, en él.El hecho de que estas preocupaciones se puedan airear en foros deliberativos es, desde luego, una buena idea. Es claro que, hasta ahora, sí se han escuchado las opiniones de barras de abogados, jueces y académicos. El problema es que se proceda a actuar sin realmente tomar en cuenta sus contribuciones. En lugar de un ejercicio de deliberación, se trataría de una pantomima indeseable.Esperemos que ese no sea el caso.
