El 18 de marzo se conmemora el aniversario de la expropiación petrolera, que se llevó a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas en cumplimiento del Artículo 27 Constitucional que desde el año l917 se promulgó. Ahora se discuten los malos resultados que hemos tenido y si al hacer cambios se viola la soberanía nacional.Según los estadistas doctos en la materia, soberanía es el poder político y supremo del Estado como organizador de la sociedad y regulador de las libertades individuales. La soberanía auto limita la autoridad del Estado y lo somete a sus propias leyes para garantizar la unidad nacional. Sus derechos son intransmisibles, imprescriptibles e inviolables. Esto es, que no se pueden transmitir ni a propios ni extraños, no se terminan a través del tiempo ni se pueden violar a voluntad de los gobernantes quienes deben cuidar su integridad. Los instrumentos que protegen la soberanía de un Estado son: La Constitución, la Legislación, el Gobierno, la Administración y la Jurisdicción.El hecho de gravar, enajenar o concesionar bienes propiedad de la Nación, no se debe considerar como una violación a la soberanía, en tanto que se haga con la voluntad del Gobierno y dentro del marco jurídico. Dado que el Artículo 27 de la Constitución establece que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y que además, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de estos recursos por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.Esas leyes son las que se pretende cambiar con la reforma energética, para darle más flexibilidad al Ejecutivo de aumentar la producción de petróleo crudo, sin violar el marco jurídico. Cada vez que se trata el tema de privatizaciones, las izquierdas vociferan y protestan y, el Gobierno, pronuncia frases tranquilizadoras como: “No se aceptará ningún compromiso que vulnere la soberanía nacional; no se modificará la política exterior; no se privatizará Pemex.En efecto, la no privatización de Pemex tranquiliza a facciones izquierdizantes, sindicato petrolero, aviadores, contratistas y concesionarios que medran de la paraestatal. Lo malo de hacerles caso es, que nos pase la misma desgracia que con la paridad del peso frente al dólar, al obligar al Gobierno a devaluar nuestra moneda en 1994 en el llamado error de diciembre. El Gobierno perdió el control financiero colocándonos al borde de un colapso económico de consecuencias catastróficas que continuamos pagando (Fobaproa). Si el Banco de México hubiera devaluado oportunamente el peso, no se hubiera perdido el control.Algo parecido puede suceder con Pemex, las presiones para que no se reformen las leyes secundarias esgrimiendo falsos pretextos de violación de soberanía y patriotismo caricaturesco. En lo que si tienen razón las voces de protesta es, en que la experiencia de las privatizaciones anteriores, beneficiaron a unos cuantos en perjuicio de millones de mexicanos empobrecidos. El Gobierno debe ignorarlas y obtener los mejores beneficios, siempre y cuando corrija la mala administración, los dispendios, los intereses creados, canonjías sindicales, fugas, fraudes y obesidad burocrática.
