Se está promoviendo una consulta popular para opinar acerca de la iniciativa del gobierno de Jalisco de revisar el actual pacto federal en materia fiscal. Tres escenarios se ofrecen a la vista de todos.Primeramente, es un hecho que la ciudadanía está todavía muy lejos de superar la apatía democrática que le caracteriza. No es la primera consulta que se hace, ni es la primera en ser “conducida”, quizá a causa del desdén social. A duras penas media comunidad acude a votar en los procesos electorales, pedirle participar en consultas resulta ya demasiado, pero también nos podemos explicar tal actitud en el hecho de que la gente no advierte cual sea el problema, ni considera que sea “su” problema, y se piense más bien que son lío del gobierno. Por otra parte, encontrar nuevas formas de favorecer la participación en ésta y cualquier otra consulta sigue siendo un reto para individuos e instituciones. En el entretanto corremos el riesgo de que la decisión de los pocos que acuden sea la que favorezca los resultados, como ha sucedido ya en las consultas a mano levantada, o bien, que el esfuerzo y el gasto se pierdan por no alcanzarse los porcentajes de votos establecidos por ley.En un segundo escenario aparece cierta ambigüedad argumental en el tema: “tanto aportamos tanto debemos recibir”, o en el asunto: “hay estados que aportan menos y reciben más”. Se supone que el pacto federal busca precisamente apoyar a los estados que por diversas circunstancias son menos productivos, sin que eso suponga financiar permanentemente su improductividad, y sí en cambio contribuir para que superen su rezago. Luego una argumentación basada en esos postulados no parece estar entendiendo de qué se trata eso de vivir como una república federal. Otra cuestión, histórica y permanente, es cuando algún estado recibe la parte del león sólo por albergar la capital federal.Un tercer escenario nace de la duda sobre las verdaderas intenciones del asunto, ¿se trata de obtener en justicia y solidaridad más recursos federales para Jalisco? O lo que está como origen del debate es más bien ¿quién o quiénes deben administrar el recurso? Sabemos que las aportaciones federales se cifran en miles de millones de pesos, que en el pasado no tan lejano, detrás de esos manejos había centenares de goteras y hasta pozos profundos por donde se diluían las aportaciones, que la inversión de muchos de estos recursos tenían como objetivo la consecución de las llamadas obras insignia de cada sexenio o trienio, y que este gasto solía ser ocasión para engrosar carteras individuales, o para financiar la siguiente campaña, independientemente de que las obras se hicieran o no, o que tuviesen la utilidad promocionada.Tenemos pues un problema de percepción que incluye desconfianza profunda en las acciones de los gobiernos, enorme susceptibilidad no gratuita, constancia de despilfarros descomunales, experiencias aciagas en la manera en que el dinero se usa, y una clara experiencia de la insensibilidad de la clase política ante las apreturas económicas que vive la sociedad, en tanto ellos se afanan en recibir más dinero para beneficios económicos y políticos ajenos al bien común. Son prejuicios heredados, pero nadie parece estar haciendo algo para que los superemos.armando.gon@univa.mx
