Luego de 674 días, el consejero especial para el caso de la interferencia de Rusia en la elección presidencial de Estados Unidos ha emitido su informe.Pudiera ser desconcertante para muchos observar que los efectos de esta actuación jurídica han sido, hasta ahora, muy limitados. Y esto es así porque las normas que regulan las facultades y obligaciones de los consejeros encargados de investigaciones especiales en el Departamento de Justicia estadounidense son muy puntuales respecto de sus actuaciones.Mueller fue designado por el fiscal general como consejero especial encargado de la investigación, y las normas que regulan su actuación establecen que él solamente puede emitir un informe confidencial para uso exclusivo del fiscal general, señor William Barr. En ninguna parte se le faculta para que ese informe sea enviado al Congreso o sea hecho público. Por esa razón, lo que se reportó el viernes pasado es el envío del informe de Mueller al fiscal general.Es el señor Barr, ha notificado al Congreso que la investigación ha concluido, y pudiera hacer una síntesis del informe y remitirlo al legislativo. En resumen, el informe confidencial puede que no sea conocido sino por el fiscal general, y este podría reducir su actuación a recomendar acciones y no proceder legalmente contra nadie. Pero si este fuera el caso, y Mueller considerara que debieran tomarse acciones legales, puede presionar al fiscal general para que haga del conocimiento del Congreso el documento y si hubiera una mala conducta del presidente, el Congreso puede iniciar el impeachment o juicio político.Aunque el fiscal general Barr tiene un margen de discreción con respecto a lo que informará o no al Congreso, ya manifestó que se comportaría orientado por la mayor transparencia posible y que consultaría a Mueller. Pero también conforme a la ley puede compartir la información del informe con el presidente y sus abogados.Es muy difícil saber ahora cómo es en realidad el informe de Mueller, pero si hubiera algo comprometedor para Trump, a estas alturas es posible que ya lo supiera, y que algunos miembros del Congreso también conocieran más detalles. Se trata de un proceso que puede o no tener consecuencias legales y políticas si el Congreso actúa, pero dado que la propia lideresa de la oposición, la señora Pelosi, ha dicho expresamente que no está en pro del juicio político al presidente por el costo en la polarización, resulta en principio poco probable que se inicie una acción de este tipo, cuando menos en el corto plazo.Aunque Mueller está obligado a guardar silencio, también es cierto que la información ya disponible de los juicios abiertos en contra de colaboradores del Gobierno, como las investigaciones abiertas y su relación con el contenido del informe puede resultar explosiva, en caso de que existan filtraciones.Así luego de 674 días de trabajo hay un informe misterioso que, por lo pronto, el público no conoce y que el Congreso tampoco. Un informe que puede convertirse en un problema si se le oculta, o en una muestra de la acción legal ordenada a corregir lo que los hechos muestran: una interferencia externa en las elecciones.En realidad eso es lo más importante y grave. Lo espectacular sería la relación con Trump, pero lo profundo está en el hecho de que, aun con la información disponible sin el informe, es claro que una potencia extranjera intervino para intentar manipular la opinión pública y el sentido de la votación. El informe misterioso solo vendrá a corroborarlo. En aras de la transparencia y del respeto al derecho a saber, es deseable que se conozca el informe, con la salvedad de la información reservada por los grandes jurados. Sería una muestra de solidez institucional que buena falta hace en tiempos tormentosos. Está en las manos del señor Barr y de su capacidad para resistir las presiones.
