En el Gobierno de Jalisco prevalecen dos grandes ámbitos para el negocio privado con lo público: la basura y el territorio. Justo allí, la Federación asestó dos estocadas recientes. Primera estocada: la basura. La gestión de los residuos metropolitanos atraviesa una crisis operativa y política. Carecemos de un vertedero definitivo para la ciudad y arrastramos un rezago histórico en la gestión sustentable de los residuos. Pero además, una sombra de intereses económicos y políticos se disputan este negocio millonario con la basura. En este contexto, la Profepa clausuró el 22 de noviembre el vertedero ilegal de Matatlán en Tonalá. Se trató de una respuesta frontal ante la inacción de las autoridades locales (Semadet y Proepa) pese a las denuncias de vecinos, activistas y el municipio. La mano detrás fue la del alcalde morenista Sergio Chávez. Segunda estocada: Iconia. Profepa actuó otra vez con “diligencia” en un conflicto local altamente politizado: clausuró las obras de Hoteles Riviera Deluxe el 19 de enero. ¿Bajo qué argumento? Por carecer la empresa de la manifestación de impacto ambiental en torno a las obras -¿15 años después se dieron cuenta de la omisión?-. La Profepa dio a la empresa hasta el viernes 3 de febrero para presentar el documento. Ojo: detrás de esta clausura operaron diputados federales de Morena cercanos al Grupo Universidad. Estas señales apuntan a un uso político más que técnico de la Profepa. Por ejemplo, la delegación Jalisco carece de un titular; significa que hay un mayor control desde la CDMX. La Semarnat, dependencia a la que está sectorizada la Profepa, es una de las secretarías más accidentadas con tres titulares en el sexenio. Hoy la encabeza María Luisa Albores, ex titular de Bienestar, la “secretaría electoral” por excelencia de AMLO. Albores aspira a la gubernatura en Chiapas, por lo que tiene los incentivos suficientes para sumar puntos como operadora de los intereses del partido en otros estados como Jalisco. También es del dominio público que detrás de la basura como programa de Gobierno y negocio está Hugo Luna, jefe de gabinete. En el renglón inmobiliario está la clase empresarial a quien se deben Alfaro y su grupo político. Por eso queda claro que en estas dos clausuras hay un mensaje que afecta políticamente en asuntos locales y de altísimo perfil para Enrique Alfaro. El destinatario queda manifiesto. Sólo queda una duda: ¿la instrucción salió directamente de Palacio Nacional o del grupo político cercano al Presidente con intereses en Jalisco?jonathan.lomelí@informador.com.mx
