El informe sobre las cifras de homicidios en México que dio a conocer esta semana el Inegi, y que colocó a 2017 como el año más violento en la historia del país, con 31 mil 174 asesinatos (que equivale a una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes) además de detonar un toma y daca verbal entre Donald Trump y el titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, ratificó el más grande fracaso del Gobierno saliente del priista Enrique Peña Nieto.Desde luego que la seguridad y el combate a la violencia no sólo es responsabilidad del Gobierno federal y parte de la responsabilidad en este desastre policial y de procuración y administración de justicia, la tienen también los gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, la falta de liderazgo y claridad en la estrategia para hacer realidad la promesa de que coordinarían mejor a militares, marinos, cuerpos policiales de élite, policías federales, estatales y municipales, agudizó la negligencia y el descuido de los gobiernos locales en este tema.Además de que la “nueva coordinación” entre corporaciones nunca llegó por la desconfianza que hay entre las mismas policías y mandos castrenses por la creciente infiltración delincuencial y la fallida depuración policial, el incumplimiento de la principal promesa electoral de Peña de pacificar al país se debió a que tampoco funcionaron sus políticas sociales para recuperar el tejido social y atacar las causas de la violencia que concentraron en el Programa Nacional de Prevención al Delito (Pronapred). El otro lastre de este sexenio, la corrupción, pudrió este programa y miles de millones de pesos que eran para acciones no policiales contra la inseguridad se diluyeron en desvíos.Las cifras de 2017, y muy seguramente las de 2018, que hasta junio ya marcaban casi 16 mil homicidios, dejan claro que el Presidente saliente incumplió y deja un México con una crisis de inseguridad mayor a la de su antecesor Felipe Calderón. El castigo de los mexicanos para Peña Nieto y su partido político, por estos resultados en su primer demanda colectiva vino a la primera oportunidad, el pasado 1 de julio en las urnas.Andrés Manuel sabe perfectamente que la permanencia de su proyecto político más allá de un sexenio, pasa por cumplir su promesa de bajar entre 30% y 50% los índices delictivos, en especial el de los homicidios que está relacionado principalmente al creciente poder corruptor y de fuego de los cárteles de la droga y la diversificación de sus actividades ilícitas. AMLO tiene claro también que sin la ayuda de policías estatales y municipales no lo podrá lograr, como le pasó a Peña. Habrá que ver si la figura de los coordinadores estatales, cuya primera misión es checar qué tanto contribuyen o no en la seguridad las autoridades locales le ayuda, o no, a lograr el objetivo. Por el bien del país, ojalá que sí.jbarrera4r@gmail.com
