El sábado pasado concluyó en Puebla la primera etapa de una gran convocatoria que hizo la Iglesia católica ante la crisis desbordada de inseguridad y violencia que sacude a todo el país, principalmente por el creciente poder corruptor y de fuego de los grupos del crimen organizado. Lo denominaron Diálogo Nacional por la Paz, y desde abril pasado la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, la Conferencia de Superiores Mayores de México y la Dimensión Episcopal para los Laicos, invitaron a organizaciones sociales, autoridades, corporaciones policiales, a sus párrocos y expertos en materia de seguridad a participar en conversatorios por la paz en todas las entidades del país.Luego de todo el trabajo de recopilación de esos ejercicios y reflexiones, mas de mil 300 participantes, entre ellos casi un centenar de jaliscienses, acordaron el sábado pasado construir y empezar a operar una Red de Acción por la Paz en México, que a partir de lo discutido diseñará una Agenda Nacional de Paz, que se propondrá ya no al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que va de salida y siempre hizo oídos sordos a las sugerencias, sino a las candidatas presidenciales y a las y los candidatos a gobernadores, alcaldes y legisladores.Paradójicamente, este anuncio tuvo pocos ecos y repercusiones porque lo eclipsó la escalada de violencia del fin de semana que coincidió con el evento de Puebla. El “levantón” de la alcaldesa de Cotija en Zapopan, los vítores a la caravana de sicarios del cártel de Sinaloa en Chiapas y los abucheos a las Fuerzas Armadas, y la desaparición y muerte de seis de siete jóvenes en Zacatecas borraron de los espacios estelares de los medios esta iniciativa que aborda el tema más crucial para el futuro de México, y que los gobiernos no priorizan, ni en sus agendas ni en sus discursos. Los jerarcas católicos esperan mucha más apertura de los sucesores de las y los actuales gobernantes, empezando por la Presidencia de la República.Porque ahí quedaron ignorados los llamados que en distintos momentos hizo la Iglesia al gobierno de la autollamada cuarta transformación para hacer una revisión y ajuste a sus políticas de seguridad ante los cada vez mayores desafíos de las mafias a lo largo y ancho del territorio nacional. El último de ellos, lo hicieron esta semana los jesuitas de Chiapas.Antes había sido por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, Javier Campos y César Mora, y del guía turístico, Pedro Palma en junio del 2022, cuando organizaron las Jornadas de Oración por la Paz, pero lejos de mostrar apertura a la crítica, López Obrador alegó que había “mano negra” en los reclamos de obispos católicos y sacerdotes jesuitas, a los que ya los había tildado de “apergollados”, hipócritas y de desoír al Papa Francisco.Para que esta historia cambie, habrá que estar muy pendiente a los trabajos de esta Red y a la Agenda por la Paz que construyan, para exigir a las y los candidatos en los meses próximos compromisos concretos para su cumplimiento. Más vale tarde que nunca.jbarrera4r@gmail.com
