Podríamos decir que la cultura de la transparencia llegó formalmente a nuestro país hace aproximadamente 15 años con la creación de los organismos públicos encargados de garantizar, proteger y promover el derecho a la información.Desde entonces, con avances y algunos retrocesos, hemos sido testigos de la importancia del conocimiento de la información pública, ya sea para descubrir grandes casos de corrupción mediante el periodismo de investigación, o bien, para empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones.En una sociedad imperfectamente democrática, la información pública también sirve para perfeccionar o crear políticas públicas, modificar prácticas en el servicio público o simplemente para conocer quienes cumplen con su responsabilidad de transparentar aquello que es de interés público.Pero hay una entidad que pareciera dormir el sueño de los justos pero nada más alejado de la realidad: los poderes judiciales de los 32 estados del país.La semana pasada la organización civil Equis Justicia para las Mujeres dio a conocer el informe denominado (In)Justicia Abierta, en el que reveló que ninguno cumple con los estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana, es decir, todos están reprobados.En el caso de Jalisco, su puntaje de 12.5 puntos de 100 posibles, lo ubicó en el lugar número 23 a nivel nacional. El mejor evaluado fue el de Yucatán, con apenas 47.5 puntos, mientras que los órganos judiciales de Aguascalientes, Morelos, Puebla y Estado de México fueron los que obtuvieron los peores resultados.Los datos son contundentes: 96.9 por ciento de los poderes judiciales estatales no considera que todas las sentencias sean de interés público, y más de 56 por ciento ni siquiera tiene el control y registro del número de sentencias que emite.Ana Pecova, directora de la organización, explicó que las sentencias son la sustancia del quejacer judicial, y si no se garantiza el libre y fácil acceso a ellas, los ciudadanos no podrán de qué tipo es la justicia que se imparte en México.Mala señal para los jaliscienses que en medio del hartazgo y la desconfianza en las instituciones, el presidente del Poder Judicial del Estado, Ricardo Suro Esteves afirme que no existen redes de corrupción en su interior, que no hay quejas contra jueces y que han asumido el compromiso de combatir este mal, cuando al mismo tiempo nos enteramos del nulo interés que tienen por cumplir con algo tan esencial como la transparencia y la rendición de cuentas.¿Qué espera el Poder Judicial de Jalisco para cumplir con esta responsabilidad y abrirse a los mecanismos de participación ciudadana? ¿Por qué hasta hoy no lo ha hecho? Merecemos éstas y más respuestas.Por lo pronto, se cocinan leyes en el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión, que podrían ayudar a avanzar en la materia. Pongamos la lupa en los proceso legislativos y comprometámonos a exigir cambios de gran calado en este poder, que parece inmerso en el letargo.
