El niño de ocho años Miguel Ángel López Rocha falleció el 13 de febrero de 2008, tras 19 días de convalecencia en el Hospital General de Occidente. Los médicos que lo trataron revelaron que el menor tenía en la sangre niveles de arsénico 400% más altos de lo permitido.Miguel Ángel vivía en el fraccionamiento Las Azucenas de El Salto y jugaba con unos amigos cuando cayó a las aguas del canal de la presa El Ahogado que lleva agua al río Santiago. El agua que alcanzó a tomar fueron los causantes de su envenenamiento. Su muerte ocasionada por la contaminación fue miserablemente negada por el gobierno del panista Emilio González Márquez. Incluso llegaron a filtrar a directivos de medios que la causa de su muerte se debió a violencia intrafamiliar.Con esa mezquina mentira trataban de evadir su responsabilidad por la contaminación del río Santiago por aguas residuales y descargas industriales.La muerte del niño Migue Ángel permitió a los pobladores de El Salto y Juanacatlán exhibir a las autoridades de los tres niveles de gobierno por su falta de atención de un tema que habían denunciado desde años atrás.La conmoción y el escándalo nacional que provocó la muerte de un niño por contaminación obligó, hasta entonces, al gobierno a atender las denuncias de los pobladores. Un año después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió lo que se conoce como la “macro recomendación” por la contaminación del rio Santiago. De modo involuntario, la muerte de Miguel Ángel tuvo consecuencias políticas y logró exhibir a escala nacional y mundial la grave contaminación que el gobierno estatal y federal se negaban a admitir. Ese fue el legado de Miguel Ángel.¿Pero qué ha cambiado ahora en El Salto, diez años después de su muerte? Prácticamente nada, excepto que hay cada vez más muertes. El Comité de Defensa Ambiental ha documentado que desde la muerte del niño Miguel Ángel, 863 personas han fallecido por enfermedades atribuidas al ambiente contaminado que viven.Luego de la muerte de Miguel Ángel, el gobierno estatal y federal aceleraron la construcción de la planta de tratamiento de agua de El Ahogado, pero como ha documentado el colectivo Un Salto de Vida, dicha planta sirve para tratar aguas residuales, pero no las aguas envenenadas por las descargas industriales que arrojan más de mil distintos tipos de metales pesados al río Santiago, convirtiéndolo en uno de los cuerpos de agua más envenenados del mundo.El actual gobierno de Aristóteles Sandoval se presume como un gobierno local de vanguardia en materia ambiental, pero sus palabras chocan con la realidad de contaminación que prevalece en La Azucena, y todo El Salto y Juanacatlán.La política ambiental del gobierno de Jalisco y del país se rigen por las palabras del ex secretario federal de Medio Ambiente Juan Rafael Elvira Quesada, quien admitió que no se podría declarar emergencia ambiental en El Salto porque las inversiones privadas se ponían en riesgo. Dicho de otro modo: prefieren el capital por encima de la vida. Así actuaron hace 10 años y así siguen actuando ahora. Toca a la población afectada, desde abajo, invertir la política del Estado: privilegiar la vida por encima del capital.
