La filtración del documento de la Fiscalía General de la República en el que se señala, mas no se acusa, a Enrique Peña Nieto como traidor a la Patria, cohecho y delitos electorales, perfila la estrategia del presidente López Obrador de cara al proceso electoral del 2021 y muy probablemente a lo que será la segunda mitad del sexenio; la persecución a los enemigos no será jurídica sino política. Independientemente de que no deja de ser extraño que se señale al expresidente de cometer delitos de cohecho y traición a la Patria, pero no se le acuse, el tono y la forma apuntan más hacia la búsqueda de una “justicia popular” que a una formal o real. El gobierno quiere en la cárcel a Videgaray, no a Peña NietoNo deja de ser extraño que este proceso de la Fiscalía coincide con la famosa consulta, esa que autorizó la Corte y que no será sobre los expresidentes sino sobre todos los actores políticos del pasado, que no será vinculante y que se supone que la organizará el INE en agosto, pero con la novedad de que no hay un peso para ello en el presupuesto 2021, recién aprobado en lo general en la Cámara de Diputados. Tal como la autorizó la Corte, la consulta no sirve a los fines del presidente. Lo dijo en una de las Mañaneras posteriores a la resolución: tenemos que ver lo de a pregunta porque no es clara. Y sí, efectivamente está tan malhecha y su respuesta resulta tan inútil que no tiene ningún sentido gastar mil quinientos millones para que la gente responda lo que ya sabemos: que los mexicanos estamos de acuerdo en que se aplique la ley a los actores políticos del pasado y, aunque no esté en la pregunta formulada por la Corte, apostaría a que estamos de acuerdo en la que los del presente también rindan cuentas de sus actos.Todo apunta a que lo que tendremos será otra consulta organizada por voluntarios (es decir, por militantes de Morena) con la pregunta que quiera el presidente. Quizá algo así como ¿deben ser juzgados por traición a la Patria los presidentes de la era neoliberal? Y con esos resultados, que serán arriba de 90 por ciento a favor como en toda consulta popular que se precie de serlo en esta época, llevarlos, en ausencia, a un juicio público en el Zócalo, con fiscales populares enumerando las fechorías de los expresidentes y, al final, a mano alzada, condenarlos al basurero de la historia. No se trata, evidentemente, de un acto de justicia sino de propagada que, para ser eficaz, tendría que hacerse antes de las elecciones de junio. La pegunta es que dirían el INE y la Corte si el presidente opta por esa ruta.diego.petersen@informador.com.mx
