A pesar de que cuentan con una suspensión provisional (801/2023) emitida por un juzgado el pasado 14 de abril de este año, el Gobierno del Estado, a través del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), decidió imponer por la fuerza una obra hidráulica en la calle Mariano Azuela, a un costado del Parque San Rafael, en Guadalajara. Sin aviso previo, sin un protocolo de socialización de una obra pública de esa envergadura, el mediodía del lunes 15 de mayo cientos de vecinos de la calle Mariano Azuela vieron sorprendidos cómo llegaban decenas de policías estatales y municipales (se contaron hasta 80 agentes) afuera de sus viviendas, colocando vallas metálicas de metro y medio como las que se usan para contener manifestaciones violentas. Luego, funcionarios del SIAPA les avisaron a los vecinos que tenían que sacar los vehículos automotores de sus cocheras porque la calle se iba a cerrar por seis semanas. Algunos vehículos estacionados afuera de sus viviendas fueron remolcados en grúas. Después de la llegada de la Policía, trabajadores del SIAPA y privados colocaron una malla ciclónica con la que se terminó se amurallar y privar de la libertad de tránsito a los vecinos de esta zona. Ahora parece que los vecinos de San Rafael viven como en un gueto, separados del resto de la ciudad y altamente vigilados por la fuerza pública. ¿Qué delito cometieron estos vecinos para hacerlos vivir en ese gueto? Los vecinos de Mariano Azuela forman parte de los colonos que desde hace años han luchado por defender su calidad de vida que se pone en riesgo por un mega desarrollo inmobiliario. A partir de la autorización de proyecto inmobiliario Gran San Rafael impulsado por el influyente Grupo San Carlos en los terrenos que antes eran del Club Jalisco, los vecinos de la Colonia Jardines de la Paz y aledañas al Parque San Rafael, emprendieron una lucha para tratar de preservar una vida digna en su entorno. Han acudido, primero, a los canales que el Gobierno y las leyes disponen para ellos. Solicitudes de información, petición de reuniones con funcionarios, recursos legales (hasta una decena de amparos y suspensiones provisionales), y también han buscado la solidaridad y el acompañamiento de más vecinos y de otras colonias de la ciudad para que se conozca su lucha y hacer escuchar sus demandas. Para ello han realizado marchas, plantones y actos de protesta. Pero como ha sido el sello de la casa de los gobiernos alfaristas (primero como presidente municipal de Guadalajara y ahora como gobernador), se les descalifica, estigmatiza o se les contiene con el uso de la fuerza pública. El martes el gobernador Enrique Alfaro dijo que quienes protestaban no vivían en el lugar, cuando cualquier video grabado por los vecinos lo desmiente, y los insultó al decir que eran “vividores políticos” a vecinos que con razón y justicia tienen derecho a defender su calidad de vida. No es la primera vez que los vecinos de San Rafael y Jardines de la Paz son hostigados por policías estatales o municipales para empujar las obras estatales. Han denunciado, además que se les hostiga, se les vigila y se les intervienen sus teléfonos personales. Tras el arranque del proyecto Gran San Rafael, que pretende levantar 14 torres de 16 pisos cada una, el Gobierno de Jalisco ha autorizado obras que han afectado a los vecinos de Jardines de la Paz y a los usuarios del Parque San Rafael. Tras empezar a levantarse las primeras torres de departamentos del Grupo San Carlos, se anunció un “colector pluvial” en el Parque San Rafael que llevó a la devastación de cientos de árboles y afectaciones significativas a la fauna del lugar. Ahora a partir del lunes se pretende construir un colector en la calle Mariano Azuela, según el Gobierno para prevenir inundaciones en la zona, pero que los vecinos ven como una obra que servirá a los intereses del desarrollo inmobiliario. Y tal vez tengan razón los vecinos, es decir, que esas obras y todo la fuerza policial que se ha desplegado contra los habitantes de San Rafael y Jardines de la Paz sólo sirvan a los intereses de una empresa inmobiliaria ampliamente conectada con los gobernantes y la clase política. Muchas campañas electorales han sido financiadas por el cártel inmobiliario, tan poderoso en esta ciudad. Ninguna obra debería ser impuesta con la fuerza que se ha desplegado en esa zona hasta construir el gueto de San Rafael.
