La violencia, las víctimas que se cuentan por miles y los eventos que alimentan la percepción de que las cosas no mejoran y por el contrario, tienden a empeorar, alimentan ese fenómeno que es el más preocupante para los mexicanos. Un dato adicional que lo refuerza: en septiembre, que apenas terminó, se reconocen dos mil 329 homicidios dolosos, es decir que poco más de 77 mexicanos murieron al día en un asesinato.El fallecido este domingo en la balacera de la Plaza Andares ya será contado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en octubre.Ante lo ocurrido este 2 de octubre en esta plaza comercial de Zapopan, quizá la más lujosa de todo el Estado, se impone indagar por lo que sí se está proponiendo como solución.En nada abonan las discusiones ruidosas de las mañaneras presidenciales, que responden con una burla y videos de canciones a hechos tan graves como el hackeo de millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional.Tampoco ofrecen expectativas de cambio las aseveraciones del Presidente en el sentido de que la estrategia de combate a la inseguridad funciona porque si las cifras totales reflejan que hay más homicidios durante su gestión, él tiene los datos de una “tendencia en disminución”, en comparación con la “tendencia en crecimiento” que le heredaron los gobiernos de antes.Al margen de esas discusiones para titulares mediáticos, ¿dónde está en este momento la posibilidad de una estrategia que enfrente la violencia de todos los días? Justo ahora, en el Senado de la República.Es un hecho derivado de una larga cadena, pero ciertamente del Senado surgirá la acción de inconstitucionalidad que combata la arbitraria decisión de pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional el mando, administración y control de la Guardia Nacional.Y también en este último eslabón, es también en el Senado donde se discute si se ampliará hasta 2028 el plazo para que las Fuerzas Armadas continúen el combate a la criminalidad.¿Qué respuesta ofrecen los senadores? El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila –es cierto, en el contexto de su proyecto personal para las elecciones de 2024– anunció que modificó el dictamen enviado por los diputados para alargar la presencia militar en las calles. Básicamente, propone un aumento del control legislativo sobre el Ejército. ¿Qué significa eso? Avalar la ampliación hasta 2028 a cambio de que los militares se sometan a revisiones periódicas, de que estén obligados a comparecer ante una comisión integrada por diputados y senadores, y queden también sujetos a transparentar la información de sus tareas de seguridad.¿Con eso bastará para que los senadores de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, los senadores sin partido, voten a favor de ampliar hasta 2028? No se sabe todavía. El mismo Monreal admite que no tiene la mayoría garantizada.Pero a estas alturas –añado–, en un México impune y violento, ¿es suficiente con “crear” esas obligaciones, es decir comparecer ante diputados y senadores? ¿Qué harían los legisladores, castigar a la Sedena y a la Guardia Nacional? ¿Cuáles serían las sanciones?A la cúpula militar le interesa, y así lo han declarado, tener un marco legal para cumplir con las tareas de seguridad que no están contempladas en la Constitución. Es posible que acepten esas “condiciones” para terminar con la discusión.La dirigencia nacional del PAN rechaza el proyecto de Ricardo Monreal, si no está contemplado un paquete presupuestal compartido entre federación y gobiernos estatales, para que se garantice el financiamiento a una policía civil nacional que finalmente, permita el regreso de la milicia a los cuarteles y deje la seguridad en manos civiles.Es un proyecto todavía en ciernes, pero parece la única salida, si la aceptan todas las partes, incluido el Presidente López Obrador, quien literalmente controla el presupuesto del país, para poner fin al ciclo de la militarización.Así se dibuja el futuro de la inseguridad en México.
