Hugo y Óscar, los hermanos Higareda de la mítica Alianza de Camioneros, siempre han operado a altos niveles. Son de trato directo con el gobernador y su secretario de Transporte. Bebeto los dejó crecer. Ramírez Acuña intentó meterlos en cintura sin éxito: se impuso la fuerza del pulpo camionero con paros de transporte y tarifazos bajo presión. Emilio González y su entonces secretario de Vialidad y Transporte, Diego Monraz, en lugar de mano dura, mejor siguieron la ruta del negocio. Los consintieron hasta entronarlos con la concesión del Macrobús en 2009. Aristóteles Sandoval los usó para la foto y los contuvo con las promesas de un nuevo modelo de transporte que nunca materializó. El gobierno de Alfaro, con Monraz de regreso, optó por el subsidio. Esta gestión ha destinado casi mil 500 millones de pesos a transportistas para la modernización del transporte, sobre todo compras de unidades y alcancías de prepago. Un “premio” inmerecido. En ese contexto se enmarca la vinculación a proceso por fraude contra los hermanos Higareda. Su caso ejemplifica cómo el dinero público, con la omisión o complicidad de la autoridad, pasa con absoluta facilidad a manos de particulares. El gobierno estatal destinó al inicio del sexenio 310 mdp para subsidiar a camioneros al regalarles 80 mil pesos por unidad para comprar alcancías de prepago. Una de las empresas proveedoras era EB Jalisco, cuyos propietarios son los hermanos Higareda. Es decir, fungieron como beneficiarios de un programa y proveedores al mismo tiempo. Recibieron 24.8 mdp para comprarse a sí mismos 311 alcancías de prepago.Pero aquí no acaba la cosa. Como dueños de EB Jalisco, los Higareda incumplieron la entrega de los sistemas de prepago para otros transportistas (al parecer un centenar), por eso fueron demandados por un particular y hoy enfrentan una acusación de fraude. Esta empresa es la responsable de operar las llamadas “alcancías rateras” que en el Macrobús y Siteur no dan cambio. Según Javier Armenta de la FEU, eso representa un excedente de 1.1 mdp al día de los cuales los transportistas no rinden cuentas. De todo esto surgen varias dudas. Los Higareda no sólo operan el Macrobús sino que acaban de recibir la concesión para operar el Peribús. Hasta ahora su cercanía con Diego Monraz y la actual administración ha sido evidente. Por eso sorprende la acusación ventilada deliberadamente por la Fiscalía del Estado: ¿Hay detrás una ruptura, una amenaza o la negociación de un acuerdo? Y aún más: ¿Cuál será la postura de la Secretaría de Transporte con respecto a los Higareda? ¿Revisará sus concesiones como la del Peribús? Si el particular no denuncia, ¿la autoridad ni en cuenta con las alcancías “fantasma”? ¿Todas las alcancías de prepago subsidiadas han sido colocadas? Este hecho enciende las alertas, pues hasta ahora los subsidios millonarios a transportistas se han mantenido en la opacidad. Urge que medios de comunicación, la Auditoría y la Contraloría estatal observen con lupa ese gasto. Porque el fraude podría no estar sólo en la acusación contra los Higareda sino en un nuevo modelo de transporte a fuerza de billetazos que pagamos los jaliscienses sin saber si se les dio un buen uso.
