La historia mexicana ha estado salpicada de hechos represivos de distintas magnitudes, cometidos por los aparatos de seguridad del Estado. La clase gobernante mexicana ha utilizado distintas formas de violencia para someter a quienes considera enemigos o adversarios del Estado. Así la memoria histórica de México se ha ido poblando de episodios como la matanza de Tlatelolco de 1968, el Halconazo de 1971, la Guerra Sucia contra grupos guerrilleros y masacres contra grupos campesinos como las de Aguas Blancas, El Charco o Acteal, o más recientemente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por todo este pasado de violencias estatales, se abrió una luz de esperanza al comienzo del Gobierno de la Cuarta Transformación al mostrar voluntad política para conocer e investigar estos casos relevantes de graves violaciones a los derechos humanos. Estos atisbos de esperanza surgieron cuando Andrés Manuel López Obrador, todavía como Presidente electo, se reunió con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014; con el anuncio de la creación de la verdad para este caso; así como con la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.Aunque no se creó una gran agencia que impulsara un proceso de justicia transicional, como sí se ha hecho en otros países de América Latina, muchos creyeron que con las comisiones de la verdad se podría llegar a conocer, investigar y hacer justicia a las víctimas de las distintas violencias estatales del pasado.Pero ahora todo indica que quedará en un intento fallido por ofrecer verdad y justicia a las víctimas de estos crímenes y a toda la sociedad mexicana. El retroceso ante el avance de los procesos de memoria histórica fue evidente en agosto de 2022, cuando Alejandro Encinas presentó el informe de la Comisión Ayotzinapa con el reconocimiento de que las desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado, y sin embargo la investigación comenzó a estancarse por presión de los militares.En octubre de 2023, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional estaba obstaculizando el acceso a archivos militares relevantes para conocer hechos represivos del pasado. La doctora Eugenia Allier Montaño es integrante del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) y admite que a pesar de la exigencia para que la Sedena abriera sus archivos, los mandos militares se negaron, lo que impide profundizar en la investigación de casos pasados de violencias estatales. Como fue evidente en el caso Ayotzinapa, todo indica que el poder militar se ha impuesto por sobre la pretendida voluntad política del Gobierno para avanzar sustancialmente en procesos de memoria histórica para llegar a dar con los responsables, sancionarlos y castigarlos y llegar, así, a la reparación del daño y a la no repetición de estas violencias estatales. A meses de que concluya el actual Gobierno, se puede anticipar que la memoria histórica en México fue derrotada por el poder militar y el mando civil que lo solapa.
