El flagelo de la impunidad

Nuestro país está en crisis: Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas... Nos hemos acostumbrado a la violencia. El egoísmo y la soberbia nublan nuestra razón. El “a mí no me toca” es la gran justificación para que, como los avestruces, escondamos la cabeza en los agujeros de la irresponsabilidad. Un hecho revelador del momento en que vivimos es el hallazgo de un campo de exterminio descubierto en un predio próximo a Guadalajara, aun cuando la Presidente se niegue a calificarlo con esas palabras. El tema es espeluznante. El nombre de una pequeña población de Jalisco, Teuchitlán, se ha convertido en sinónimo de horror en el mundo. La dramática fotografía de no sé cuántos pares de zapatos, que alguna vez calzaron los pies de jóvenes humildes, es una dolorosa instantánea de la barbarie.

La realidad está determinada por causas; aun cuando pueden parecer lejanas y profundas, siempre habremos de encontrar, en su origen, los atisbos de la verdad. Cuando López Obrador expresó su ya famosa frase “abrazos, no balazos”, renunció a la persecución de los delincuentes, homologando a infractores de la ley con ciudadanos comunes. Renunció al cumplimiento de la obligación constitucional de dar seguridad a la sociedad que confió en él. Cuando el ex presidente calificó al pueblo como “pueblo bueno” y excluyó a quienes no pensaban como él, adjetivándolos como contrarios, conservadores y enemigos, rompió la unidad y destrozó el tejido social. Pueblo solo hay uno. Lo sucedido en Teuchitlán tiene su raíz en un Estado en el que, desde hace años, han dejado de reinar el derecho, las leyes y la justicia. “No me digan que la ley es la ley”.

Mientras que las autoridades competentes omitían y, ahora, buscan evadir su responsabilidad, las Madres Buscadoras localizaron un cementerio de jóvenes secuestrados y victimados. Mientras las autoridades eran permisivas y complacientes con quienes gobiernan de facto (jefes de plaza), los familiares de las víctimas desvelaban el infierno en el que yacen los restos de cientos de jóvenes, cuyo único delito era aspirar a una vida mejor. Mientras no se castigue a los delincuentes con toda severidad, no podremos hablar de un país con esperanza. Es imposible regresar la vida a las miles de víctimas que yacen en la obscuridad de las tumbas clandestinas. Lo que sí podemos es solidarizarnos con quienes sufren la pérdida de un ser querido y exigir el rendimiento de cuentas por parte de las autoridades.

En las viejas leyes del Reino de Castilla, a todo funcionario que concluía su mandato se le incoaba el llamado “juicio de residencia”. Como salta a la vista, a quien terminaba su encargo se le arraigaba en el lugar donde se desempeñó para juzgar su trabajo. Si fue justo y honesto, se le honraba; de no ser así, se le confiscaban todos sus bienes y se le inhabilitaba para cualquier otra responsabilidad. Valdría la pena establecerlo para contener los abusos cometidos por funcionarios deshonestos que, traicionando la confianza de sus electores, solo ven en el poder un camino para enriquecerse.