La promesa de la independencia judicial en México después del periodo autoritario priista ha tenido varios momentos cuestionables o hasta escandalosos, su fortalecimiento visto como un proceso de reformas constitucionales, homologación con estándares internacionales del derecho, un servicio profesional de carrera y la adopción de nuevos paradigmas o perspectivas ha quedado a deber, es cierto; aun así, teniendo claro que el Poder Judicial tiene grandes deudas con nuestro país, lo que acontece considero es algo inédito en la historia nacional, ya que significa no un cambio, sino una transgresión al marco de derechos garantizado a los mexicanos.Mientras las elecciones de jueces y magistrados están en movimiento, las tribunas morenistas no paran de anticipar los beneficios de un supuesto renovado Poder Judicial que responderá a los intereses del pueblo sabio y las tómbolas no paran de girar, se ha puesto en evidencia el abuso de poder ya en acción, que busca evitar que el mismo pueblo, ese que el poder afirma primero que es sabio y al que dice le responde, pueda reclamar la afectación de un derecho por alguna acción pública y que este recurso jurídico se consume en los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afectando las decisiones que unilateralmente ha comenzado a tomar. Un ejemplo claro del proceso que se busca limitar es el que dirige la jueza Nancy Juárez, quien ordenó a la presidencia hace unos días, bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, como consecuencia inmediata al conceder una suspensión a favor de un recurso jurídico que impugnaba el proceso legislativo. La presidenta, Claudia Sheinbaum y las bancadas en el Congreso de la Unión que la respaldan, como herederos del estilo de la Cuarta Transformación, han tomado la resolución como algo personal y han puesto a la jueza en el escrutinio público de las conferencias mañaneras y no como un acto jurídico al que se debe dar respuesta por las vías institucionales y procedimentales que nuestro sistema judicial contempla para ello.Ante la vulnerabilidad identificada para el cumplimiento de sus objetivos, lejos de asumir una estrategia de diálogo, argumentativa y jurídico institucional, el Movimiento Regeneración Nacional ha propuesto una nueva reforma, que busca claramente evitar que les pase de nuevo que alguien se atreva a suspender lo que han aprobado, quitándole al Poder Judicial la facultad de interferir en el proceso legislativo o de afectar un cambio constitucional a través de responder a recursos como amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad. Este es de forma evidente la configuración de un candado que será duro de romper y que busca proteger las decisiones del oficialismo pasando por encima de los derechos de la ciudadanía.En un momento como en el que vivimos en nuestro país, de alta concentración del poder político, es cuando más se necesita la supervisión de las decisiones públicas para evitar atropellos y excesos, en contrasentido, lo que vemos es un gobierno que dice respetar y defender el sentir del pueblo y le arrebata el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales, el de defenderse del poder en ejercicio.La iniciativa elimina los mecanismos de revisión constitucionales e incluye modificaciones al artículo primero respecto al control de convencionalidad con la intención de confundir a los críticos y lograr el debilitamiento del Estado de Derecho. Con la aprobación de está propuesta, la validez o afectación a nuestra Carta Magna quedará expuesta al vaivén de las votaciones en el Congreso de la Unión. En muchos análisis jurídicos y politológicos, esta reforma puede leerse como una acción que busca difuminar al Poder Judicial como contrapeso y que puede estar sentando las bases con ello de un modelo de gobierno autoritario, una mala noticia para nuestra democracia, que también lo sería, sin duda, para nuestra economía.La presidenta busca al parecer, enviar el mensaje de que no se va a dejar intimidar por el Poder Judicial, con la certeza de que la idea de un desacato está tan lejana como su desafuero, pero valdría la pena que reconsiderara si esta es la coyuntura para mostrar ese tipo de fuerza. Enviar señales de una regresión autoritaria la aleja del discurso de mesura que ha buscado enviar a los inversionistas, reformar a las instituciones judiciales con el objetivo de que no puedan afectar las decisiones que toma quien está en el ejercicio público, es una acción que no tiene cabida en un gobierno demócrata.Lamentablemente se puede anticipar, con esta experiencia, que el partido mayoritario seguirá enviando iniciativas y modificaciones a modo, para fortalecerse y resguardar sus decisiones, objetivo nada complejo si consideramos que junto con sus partidos aliados, tienen mayoría en 27 de los 31 congresos locales, además de la aplanadora ya configurada en el Congreso de la Unión.No se discute que el poder que tiene Morena es legítimo, sin embargo, ello no significa que tenga la capacidad de transgredir nuestros derechos ganados o ejercidos apenas en los últimos casi 30 años desde que inició el proceso democratizador en México. Cuando a una sociedad se le retiran los recursos para defenderse de los abusos que puede traer la instrumentación de las decisiones que toma un partido político en el poder, se le aprisiona, se le coarta el ejercicio de su libertad, se trastoca su condición de gobernante en una sociedad democrática, porque dicho por ellos mismos, el poder en nuestra democracia está en el pueblo y es éste el que debe decir la última palabra, para eso son los recursos judiciales que hoy Morena busca eliminar. Un gobierno debe decidir y legislar pero no arbitrariamente, debe estar abierto a la réplica, ya que su condición de representante alude a la posesión temporal de un poder que le ha conferido el pueblo, el mismo que así como se lo otorgó, puede quitárselo.
