Francisco Ayón fue de todo y sin medida en el gobierno de Aristóteles Sandoval. Secretario de Educación, pero que además presidió las Juntas de Gobierno de 16 organismos en representación del gobernador, entre ellos los del SIAPA y el Ipejal. Cada mandatario elige a su operador de confianza. Compañero de Aristóteles en la secundaria, Ayón se convirtió en esa figura. Por sus manos y criterio pasaron muchas de las decisiones de mayor impacto para el Estado durante la pasada gestión. Cuando su poder e influencia alcanzaron su cenit, se decía que nada ocurría en la administración sin su beneplácito. Por esto, ante todo, la prisión preventiva de Francisco Ayón, al menos hasta el lunes 2 de agosto en que el juez ratifique (o no) esta medida cautelar, tiene un enorme significado político. Ocurre, por otra parte, en la misma semana en que el gobernador informó avances en el saneamiento de las finanzas del Ipejal, y en medio de una repentina agilidad en los procesos contra ex funcionarios por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco. Hasta ahora, se encuentran en prisión Antonio Cruces Mada, ex secretario de Salud, y Felipe Tito Lugo, ex titular de la CEA. Ayón podría enfrentar también su proceso en la cárcel por el desfalco de 600 millones de pesos del fondo de los trabajadores del Estado invertidos en Abengoa pese a las señales de riesgo financiero. El delito por el que se le acusa es “desvío y aprovechamiento de atribuciones y facultades” que castiga al servidor público que entrega o concesiona un bien de forma ilícita. También al que debiendo velar por el cumplimiento de un contrato, permiso o asignación, haya sido omiso. La pena máxima para este ilícito es de 12 años. De entre el catálogo de delitos por corrupción, sólo el enriquecimiento ilícito tiene una pena mayor que alcanza los 14 años de cárcel (la Fiscalía Anticorrupción aún no ha procesado a nadie por este último ilícito). Francisco Ayón, una especie de ex emperador sexenal por ahora tras las rejas, representa también la extinción de un grupo político en donde el jefe máximo está muerto. La posibilidad de recuperar el dinero de los trabajadores es poca, pero los procesos de impartición de justicia, pese al tufo político, deben orientarse a castigar a quien cometa una irregularidad. Por eso el gran pendiente hasta ahora sigue siendo la reparación del daño o recuperación de activos. En toda su existencia, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco apenas ha recuperado poco menos de un millón de pesos por ese concepto.
