La mayoría de las fosas clandestinas en Jalisco se localizan gracias a llamadas anónimas que reciben los colectivos de búsqueda. Por eso la crispación que generó el anuncio de Enrique Alfaro al suspender estas labores por riesgo a caer en una nueva trampa mortal como en los atentados de Tlajomulco. El mandatario condicionó su reactivación a la creación de un nuevo protocolo de búsqueda que comenzó a elaborarse esta semana, pero nadie imagine que bastará con unas cuartillas redactadas en Word y un nuevo diagrama de flujo. Como apunté en mi columna “¿Terrorismo en Tlajomulco?”, la tecnología y capacidad bélica del cártel rebasó la jurisdicción municipal o estatal y desafía a todo el Estado mexicano. Por eso debe involucrarse de lleno la Federación ante estos actos de terrorismo y delincuencia organizada. Las minas terrestres que detonaron en Tlajomulco habrían sido activadas vía remota, algo que sólo veíamos en Medio Oriente, en países en guerra o en películas. En un conflicto armado, el mayor peligro que enfrentan los marines de Estados Unidos, a pesar de su capacidad tecnológica, son este tipo de explosivos ocultos que no distinguen a combatientes de civiles. En el reciente ataque que dejó seis agentes muertos y 14 heridos apoyó un equipo norteamericano. Este nuevo reto exige personal altamente especializado. Por ejemplo, ¿el grupo Tedax de la Policía Estatal tiene la capacitación, equipo y tecnología necesaria? Se requieren drones, radares de penetración subterránea, robots, detectores de metales avanzados, perros entrenados. Eso implica recursos, labores de inteligencia e incluso una revisión del marco jurídico actual. No se trata de hacer “un protocolo del protocolo” que ya existe. Si bien tenemos grupos de búsqueda municipales y distintas instancias de Gobierno para atender el problema, el escenario cambió. Es probable que esto implique reestructurar la forma de operar y colaborar entre autoridades y colectivos. La manifestación del domingo en donde protestaron activistas por la suspensión de búsquedas a partir de llamadas anónimas refleja la angustia y desesperación de las víctimas indirectas de desaparición.El Gobierno estatal tiene además el reto de comunicar y explicar a las familias qué está en juego. Debe hacerlo con empatía y claridad. El gobernador debe dar la cara sin esconderse detrás de una cámara con mensajes unilaterales que ya generaron una crisis innecesaria en medio de otra crisis que amenaza la estabilidad del Estado mexicano. Como nunca se requiere de oficio político, diálogo, consenso y garantías de que se hará justicia a las víctimas de esta crisis humanitaria de desaparecidos. Lo peor sería que el Gobierno tome decisiones apresuradas y riesgosas ante la presión y su incapacidad para generar consensos. Lo que ocurrió la noche del martes en Tlajomulco requiere mucho más que un protocolo del Gobierno estatal. Se trata de un punto de quiebre en la escalada bélica de la delincuencia organizada. Nuestros gobiernos deben conciliar el irrenunciable derecho a la búsqueda de las familias de las víctimas y la seguridad de todos, buscadoras, policías y civiles. El Gobierno estatal no puede solo. Necesita a la Federación. Y nos necesita a nosotros los ciudadanos y ciudadanas. Todos debemos dar un paso al mismo lado y enfrentar juntos esta amenaza.jonathan.lomeli@informador.com.mx
