Cada vez que veo una protesta de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, me pregunto: ¿cuántos son familiares de jueces y magistrados cuyos empleadores –esos mismos juzgadores– serán despedidos con la reforma judicial?No desacredito su derecho a la manifestación, ni con esto justifico la reforma judicial, pero es importante el contexto para tener una visión más realista de esta coyuntura.En 2018 se publicó el “Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal”, elaborado por Felipe Borrego Estrada. Este documento reveló el tamaño del nepotismo en el Poder Judicial de la Federación.En ese momento, al menos 500 jueces y magistrados en todo el país tenían trabajando en juzgados y tribunales a sus hijos, esposas, papás, sobrinos, tías, suegras y demás parientes políticos.La red nepótica se extendía a un total de siete mil trabajadores con familiares en los 31 circuitos judiciales del país. En el caso más extremo, un magistrado tenía a 17 familiares en áreas administrativas, como secretarios, actuarios y asesores.En el Circuito de Jalisco, el 76% de los titulares de plazas tenían familiares en el sistema judicial, colocando a la entidad en el primer lugar nacional en cuanto a la contratación de familiares de jueces y magistrados.“Nuestro imaginario percibe a la corrupción como algo necesariamente asociado al soborno o al peculado. La verdad es que posee otras manifestaciones”, indica el estudio.Una manifestación de esta problemática es el nepotismo, que la RAE define como “la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en empleos o concederles favores, al margen del mérito y la capacidad”.En su reciente propuesta de reforma judicial, la ministra Presidenta Norma Piña presentó un capítulo dedicado a las acciones para combatir el nepotismo.Una de ellas es el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares para prevenir y detectar prácticas de nepotismo y conflicto de interés.El diagnóstico indica una disminución del nepotismo: en 2022, el 49% de los servidores públicos tenían al menos un familiar en algún órgano jurisdiccional. Para 2024, esa cifra bajó al 37.4%, lo que representa a 16 mil 639 servidores públicos de poco más de 44 mil.Sin embargo, el diagnóstico no aclara qué ocurrió con esos empleados, si fueron despedidos, si recibieron alguna indemnización, o bajo qué condiciones y costos se produjo su baja. Tampoco se especifica si todos ellos están relacionados con una política contra el nepotismo.Más que una carrera judicial, se ha operado un clan familiar dentro del sistema.Finalmente, dado que siguen cobrando a pesar de estar en paro, ¿qué empresa permitiría esto con un trabajador común?Por todo lo anterior, afirmar que muchos defienden sus privilegios más que al Poder Judicial, ¿es una apreciación injusta?
