Por las acciones y expresiones que se han visto en los últimos días luego de la renuncia del ex súper delgado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, quedó completamente confirmado que aquél abrazo público de inicios de abril que se dieron aquí él y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez por órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como símbolo de que quedaban atrás las rencillas que dejó la contienda electoral que protagonizaron por la gubernatura el 2018, fue sólo para no desairar la investidura presidencial.Porque si en algún lugar se alegraron con la noticia de la caída de Lomelí fue justamente en el Gobierno estatal, desde donde siempre se combatió esta figura que sentían como una amenaza al federalismo y como un innecesario intermediario entre el Gobierno federal y el estatal. Desde la delegación lo que decían era que lo que en realidad les molestaba era la vigilancia que iban a ejercer de la buena aplicación del dinero federal en Jalisco.Debido a que desde la campaña electoral Alfaro acusó la venta irregular de medicinas de las empresas de Lomelí al sector público, para el ex súper delegado e incluso para su amigo el Presidente, quien lo mencionó en una de sus conferencias de prensa mañaneras, la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) (que fue contundente y reveló como nadie los conflictos de interés que obligaron su salida e investiga la Secretaría de la Función Pública), fue promovida desde el Gobierno de Jalisco.Por eso las señales de que Lomelí está decidido a mover lo que le quede de poder para no irse solo, vinieron luego de que Alfaro declaró el domingo pasado que esperaba que “una simple renuncia no genere perdón y olvido” y sea quien sea pague las consecuencias si había un acto indebido. Al día siguiente la respuesta fue que la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco amaneció en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción federal para denunciar irregularidades en la multimillonaria licitación para el programa “Refundación: A Toda Máquina”, y que el gobernador, al igual que Lomelí, debía separarse del cargo para facilitar las investigaciones.Como se sabe, este concurso para arrendar maquinaria pesada para los municipios de Jalisco por el que se firmó un contrato multianual por más de 3 mil 600 millones de pesos despertó múltiples sospechas y denuncias por lo que actualmente es investigado por el Sistema Estatal Anticorrupción. El propio gobernador ordenó por eso una investigación a la Contraloría estatal cuyos resultados parciales se dieron a conocer a fines de mayo donde se identificaron faltas administrativas de tres servidores públicos.Si bien esta licitación bajo la lupa no ha llamado la atención de MCCI, los morenistas quieren que la ASF y la Fiscalía Anticorrupción la revisen con toda minuciosidad como pasó con las empresas y los conflictos de interés del ex súper delegado. Es el contra-ataque de Lomelí.jbarrera4r@gmail.com
