En la esquina de Marsella y López Cotilla, en la colonia Americana de Guadalajara, me topé el otro día con un curioso manifiesto anónimo sobre la vivienda en esta ciudad. Está en una hoja pegada a un registro de Telmex: «La vivienda es cada vez menos accesible y es un derecho indefenso, lo cual permite que sea acaparada como producto financiero. Se hace para maximizar la ganancia y no para sustentar la vida», inicia el texto, firmado sólo con la expresión «vivienda ya», y un logo que no podría decir si es sólo un adorno o el símbolo de alguna asociación o movimiento. En la misma manzana, pero sobre avenida La Paz, una torre grúa se alza desde el fondo de un pozo en donde se ubicará un futuro edificio de departamentos. A menos de cien metros a la derecha, hay otra torre grúa, y a la izquierda, un desarrollo vertical recién terminado. Cualquier departamento en esos complejos costará no menos de cuatro o cinco millones de pesos y una renta debe rondar los 18 o 20 mil pesos mensuales, cifras inalcanzables si consideramos el salario promedio de un tapatío. El trágico caso del dueño de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), que defraudó a más de 200 personas y terminó suicidándose, encarna otro problema más de fondo que nos incumbe a todos. El fenómeno de cómo la vivienda pasó de ser un derecho humano a convertirse en una mercancía e instrumento de especulación financiera. La urbanista brasileña Raquel Rolnik, ex relatora especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada, lo define como un «nuevo poder colonial» del mercado que se apodera de nuestras ciudades. Al margen de la ambición razonable (que no racional) de quienes prometieron y apostaron por rendimientos irreales en AJP, según testimonios de los afectados, esta ilusión se mantuvo durante algún tiempo hasta que la pandemia rompió parte de la burbuja que ahí continúa, pero que nadie quiere ver. El periodista Andrés de la Peña documentó en un extenso reportaje cómo la vivienda céntrica en Guadalajara cada vez resulta más cara y muchos desarrollos inmobiliarios permanecen deshabitados porque en realidad funcionan como activos financieros para la especulación del cártel inmobiliario.Hemos dejado en manos del mercado un derecho humano. Se trata de un fenómeno global, claro, pero con sus especificidades locales. El gobierno estatal, por ejemplo, tiene un Instituto Promotor de la Vivienda, y Guadalajara cuenta con un Instituto Municipal de la Vivienda. ¿Alguien sabe quién los preside o cuál es su agenda? La vivienda digna importa porque es puerta de entrada de muchos otros derechos. Vivir cerca de tu escuela, los centros de empleo y con acceso a servicios básicos resulta esencial. Cuando esto no ocurre, se genera una mayor desigualdad y «depósitos de pobres» que contrastan con zonas de ricos cuando deberíamos aspirar a una ciudad más punzante y heterogénea. Hay que desmercantilizar la vivienda. Que un crédito hipotecario para toda una vida no sea la única opción sino sólo una más. Lo que pelea ese manifiesto callejero no es que todos tengamos el derecho a poseer un inmueble sino a otras formas de tenencia en donde vivir dignamente no te deje en la bancarrota o con una angustiante deuda de por vida mientras el mercado especula y maximiza sus ganancias. Como culmina el manifiesto, que recomiendo darse una vuelta para leerlo completo: «No permitamos la vivienda sin gente mientras haya gente sin vivienda».
