La tarde-noche del pasado lunes se celebró en Palacio Nacional de la Ciudad de México una reunión que debió ocurrir hace 15 años: antes de planear y empezar la Presa El Zapotillo, los poderes públicos involucrados debieron reunirse con los pueblos, comunidades y la población afectada, exponerles sus planes, preguntarles su parecer y pedir su anuencia a la población involucrada en este megaproyecto hidráulico.Pero como ocurre habitualmente en este país, los pueblos y comunidades involucradas no fueron tomados en cuenta y desde los escritorios y desde la lógica tecnocrática y de negocios se decidió imponer el megaproyecto hidráulico de la Presa El Zapotillo y el trasvase del agua de Los Altos a la ciudad de León. Es decir, los megaproyectos se imponen por acuerdos palaciegos, en las oficinas del poder, sin considerar directamente a la población involucrada.Esa reunión no ocurrió hace 15 años y, a partir de entonces, se produjo un explicable conflicto social entre los gobernantes y empresas privadas que impulsan El Zapotillo y las comunidades afectadas, especialmente Temacapulín, Acasico y Palmarejo.La reunión del pasado lunes en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador es resultado de la tenaz resistencia de los pobladores de las localidades que corren el riesgo de inundarse; es decir, desaparecer, con este megaproyecto.Pero aunque llega tarde, era necesaria y representa una buena noticia para quienes proponen otro modelo de gestión del agua, no el modelo tradicional de presas y trasvases que es costoso financieramente e inviable ambientalmente.Como se sabe, el Presidente López Obrador recibió primero a los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, Diego Sinhue Rodríguez y Enrique Alfaro Ramírez. Ambos mandatarios firmaron el 28 de junio un acuerdo de entendimiento para el reparto de las aguas del Río Verde. Lo que esperaban es que, de inmediato, tras la firma de ese acuerdo las obras de El Zapotillo se reanudaran inmediatamente.Pero no fue así. Tras escuchar a los pobladores de Temacapulín, a los agroproductores de Los Altos y académicos de Jalisco y Guanajuato, López Obrador propuso que antes de seguir con la presa, las partes involucradas traten de llegar a un acuerdo. Por lo pronto, las obras del megaproyecto El Zapotillo siguen suspendidas y sin asignación de recursos este y el próximo año. Es una pésima noticia para los gobernadores de Jalisco y Guanajuato y los intereses que representan, y una buena noticia para quienes se oponen a la presa y al trasvase del agua de Los Altos a León.Parece una medida sensata. Para intentar destrabar el conflicto, López Obrador propuso una comisión de 30 integrantes: 10 del Gobierno federal, 10 de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, y 10 de los pueblos afectados y de los agroproductores de Los Altos.¿Podrán llegar a un acuerdo en esta comisión? De entrada parece difícil, pues jamás podrán reconciliarse quienes proponen inundar tres pueblos con una presa y los pobladores afectados. Para llegar a un acuerdo se necesita plantear otro modelo de gestionar el agua, uno que tome en cuenta el punto de vista de todos. Parece difícil, pero a la larga es la salida más sensata y más justa.Entre tanto, ayer en Temacapulín festejaban los acuerdos de Palacio Nacional. Esta vez los acuerdos no fueron sólo entre los de arriba.
