El acuerdo alcanzado entre el gobierno de Jalisco y el de Guanajuato para repartirse el agua de la aún inconcluida presa El Zapotillo, quedó en jaque luego de que Víctor Toledo, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresó el martes en Temacapulín “que hay una multitud de argumentos” que muestran “la inviabilidad” de ese proyecto.Luego de escuchar a habitantes de las comunidades que se inundarían con la presa, a activistas y académicos que exigen que se suspenda la obra o que su cortina no sea mayor a 60 metros, el primer funcionario federal en acudir a la zona en 14 años dijo que en todo caso el acuerdo entre los gobernadores debe pasar por una ratificación federal, y les sugirió afinar sus propuestas para que convenzan al Presidente de tomar otra alternativa para dotar de agua a la zona, a Guadalajara y a León, más allá de lo que él le notificará de lo que escuchó.Así, el funcionario federal volvió a revivir como nunca este añejo debate, reabierto hace unas semanas con un episodio más de cambio de postura de políticos que prometen una cosa como candidatos y hacen otra como gobernantes.Lo último que supimos de El Zapotillo fue en marzo de 2018 cuando Roberto Ramírez, director de la Comisión Nacional del Agua, reconoció en una gira por Guadalajara que el gobierno federal saliente dejaría el embalse a 80 metros debido a los amparos que contra ese proyecto presentaron el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón y los habitantes de Temacapulín, para que no fuera inundado su pueblo.Ese anuncio volvió inútil el que había hecho el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, el 29 de junio del 2017, en el sentido de que El Zapotillo iría con una cortina de 105 metros, basado en un millonario estudio realizado por la agencia especial de proyectos de la ONU (Unops), con el que buscó justificar el incumplimiento de la promesa que vía Twitter hizo a inicios de 2013, de que no permitiría la afectación a Temacapulín, Acasico y Palmarejo.El hoy gobernador Enrique Alfaro está ahora en una situación similar. Como opositor y cuando fue alcalde de Guadalajara, se pronunció públicamente estar en contra de que se inundaran esos pueblos, e incluso de que el agua de Los Altos de Jalisco se fuera a Guanajuato.Con el acuerdo alcanzado con el estado vecino, el mandatario estatal demostró estar decidido a pagar el costo político de incumplir su palabra con los moradores de esas comunidades para poner fin a la inercia de más de tres décadas de no traer agua adicional a Guadalajara por la falta de acuerdos y gestión política.Para ello parecía contar ya con el apoyo del gobierno federal, a juzgar por lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su reunión del 26 de junio con empresarios de Jalisco, en el sentido de que si Jalisco y Guanajuato se ponían de acuerdo, él apoyaría la terminación de la presa El Zapotillo. Esa postura podría cambiar cuando Toledo le lleve noticias de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.Así que si el gobierno estatal quiere hacer realidad el acuerdo con Guanajuato, deberá convencer antes que nadie al titular de la Semarnat de moderar su posición y revertir la derrota legal que los promotores de la presa tienen ante la justicia.jbarrera4r@gmail.com
