El problema de las desapariciones en Jalisco se ha desbordado a tales dimensiones que en las últimas semanas empezaron a ser casi cotidianas las manifestaciones y protestas públicas de familiares cuyos seres queridos fueron privados criminalmente de su libertad. Sólo el viernes pasado hubo cinco.No podía ser de otra manera. De las 40 mil desapariciones que se han registrado en el Gobierno de la 4T en todo el país, más de seis mil han sucedido en Jalisco, lo que mantiene a nuestra Entidad en el muy deshonroso primer lugar de incidencia en México.Si antes las madres y padres, hermanos, esposas, hijas o hijos, parientes y amigos sufrían el más cruel de los delitos en forma privada, y de forma callada la incertidumbre de no saber del paradero de alguno de los suyos que los lleva a sentirse muertos en vida, las autoridades han dejado que este lastre crezca tan exponencialmente en los últimos años, que todo el traumatismo familiar que causa cada uno de estos raptos ha unido a las familias para salir a gritar su dolor, a buscar a sus desparecidos y a clamar con rabia justicia a unas autoridades municipales, estatales y federales que están como pasmadas y van detrás de estas organizaciones que las une la misma pena.En marzo de 2018, a fines del sexenio del finado Aristóteles Sandoval, que se visibilizó como nunca este infierno que ya padecían desde muchos años atrás calladamente miles de familias jaliscienses, con la desaparición y muerte de los tres jóvenes estudiantes de cine Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco en Tonalá, las autoridades no atendieron debidamente el problema pese a que quedó tatuado simbólicamente en la ciudad, cuando la glorieta de los Niños Héroes se renombró como de Las y Los Desaparecidos.Durante la actual administración de Enrique Alfaro estamos a punto de confirmar, al menos una tercera tragedia de desaparición múltiple con desenlace fatal. Primero ocurrió el secuestro y muerte de Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Moreno, hermanos a quienes sacaron de su casa de San Andrés el 9 de mayo de 2021 y los encontraron muertos dos días después en la carretera a Colotlán; luego vino en enero pasado en los límites de Zacatecas y Jalisco, el caso de las jóvenes colotlenses Viviana y Daniela Márquez Pichardo, y de su prima Irma Paola Vargas Montoya, así como el novio de una de ellas, que provocaron inéditas y conmovedoras imágenes de manifestaciones de solidaridad colectiva, pero también de hartazgo, en aquel municipio del norte del Estado. Pero sin duda, el caso que ha hecho más crisis es el de la desaparición reciente de las y los ocho jóvenes que trabajaban en un supuesto call center supuestamente ligado al crimen organizado. Esta tragedia ha revitalizado las protestas y las exigencias por que se atienda este flagelo social.Por eso las autoridades de los tres niveles, deben leer todas estas expresiones de sufrimiento e irritación, como un claro ¡Ya Basta! que debe ser tomado muy seriamente y mostrar por fin, en los hechos, que no debe haber agenda festiva alguna ni mayor prioridad, mientras no hagan algo para detener a los causantes de esta descomunal tragedia que entristece y sufren los jaliscienses.
