Jalisco es el epicentro de las desapariciones de todo México, con más de 15 mil casos registrados de los más de 111 mil que se reportan al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) que administra la Comisión Nacional de Búsqueda. La crisis por desaparición de personas es probablemente el principal problema social y político que agravia a la sociedad de Jalisco, o debería serlo.Y en lugar de actuar a la altura y en consecuencia ante este enorme desafío social y humanitario, el Gobierno de Jalisco que encabeza el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha diseñado una estrategia de control de daños no para resolver la crisis por desaparición de personas, sino para administrarla, controlarla e incluso para ocultarla o rasurarla.Desde el año pasado los representantes de los colectivos han venido advirtiendo de esta situación que se expresa de manera preocupante incluso con casos de hostigamiento y vigilancia a padres y madres que buscan a sus hijos, como ha denunciado reiteradamente Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza. Esta política de control de daños a la imagen del Gobierno se manifestó de un modo muy claro y contundente el 25 de marzo del año pasado cuando de modo no explicado justificadamente, la administración estatal, a través de la Fiscalía del Estado, rasuró de un plumazo más de 1,300 casos de personas desaparecidas que estaban reportadas ante el Rnpdno. La mañana de ese día Jalisco reportaba 16,222 personas ausentes; después de una “carga masiva” de datos reportada por la Fiscalía de Jalisco, quedaron 14,915 casos. Actualmente el registro federal reporta 15,042 casos del Estado, es decir un aumento de apenas 127 casos cuando observadores independientes calculan que al mes hay al menos entre 100 y 120 denuncias por desaparición de personas. En once meses, de acuerdo a las denuncias que se presentan cotidianamente ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, habría entre 1,100 y 1,320 casos más de personas desaparecidas. De manera inexplicable, el Gobierno de Jalisco ha dejado de reportar las desapariciones que ocurren en el Estado al Rnpdno. Es una conducta que debería tener consecuencias administrativas y hasta penales contra los funcionarios que están cometiendo esta omisión, así como los servidores públicos que dieron esas indicaciones.La situación del registro estatal (denominado Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición, Sisovid) es aún más grave, según ha denunciado el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas en un comunicado presentado el 13 de febrero. Bajo el título de “El Sisovid es un engaño”, los integrantes del comité universitario hacen un análisis del manejo de cifras que se hace en este sistema del gobierno de Jalisco y llegan a la conclusión que “en realidad es un instrumento para alterar, disimular, engañar y mostrar una imagen falsa del problema”.Después de presentar evidencia de que las cifras se manipulan y manejan a conveniencia, el comité universitario revela que “hemos encontrado dos anomalías graves que enumeramos: aumento de la cifra de Personas Localizadas y disminución de la cifra de Personas Desaparecidas en ambos casos de modo ficticio, sistemático, clandestino e injustificado”, y añaden: “Hay un ajuste a la baja de las cifras de personas desaparecidas que no se está notificando y que produce una disminución artificial del total de casos”.Ante esta situación, los integrantes del comité universitario exigieron que se inhabilite el Sisovid y que “a la brevedad y sin más demora se ponga en operación el Registro Estatal de Personas Desaparecidas” contemplado en la ley estatal y que de acuerdo a los artículos transitorios decimo quinto y decimo sexto debió estar operando desde mediados de 2021. Pero esto no se ha cumplido, lo que debería ser materia de sanciones administrativas y eventualmente penales. Esta decisión política del actual gobierno de manipular engañosamente las cifras no sólo debe ser castigada, sino que tiene consecuencias muy graves porque, por un lado, demuestra que el gobierno decide ocultar y rasurar este problema; y de otro lado, al ocultar los casos se renuncia a seguir buscando en vida a las personas reportadas como ausentes, lo que revela que no tiene como prioridad buscarlos. Desde la sociedad no solo se debe denunciar esta perversa política sobre la crisis de desaparición de personas, sino hacer lo posible por cambiarla a favor de las familias que buscan a sus hijos ausentes. rubenmartinmartin@gmail.com
