Hay un lugar en Lomas del Mirador, en Tlajomulco, conocido como el “Chérnobil Mexicano”. Es un complejo de ocho torres con 554 departamentos abandonados desde hace una década. Luego de que el desarrollador quebró, el banco lo embargó y ahora no sabe qué hacer con el complejo en obra negra. A veces el lugar es visitado por youtubers y aventureros que se internan, a manera de juego y desafío, entre las moles de concreto y maleza (recientemente Canal 44 dio cuenta de este caso en un amplio reportaje sobre vivienda). Este ejemplo sintetiza, en una imagen, el fracaso de las políticas de vivienda de los últimos años en Jalisco. En el papel, nuestra Constitución mandata que en México toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, pero en la práctica, ¿qué mecanismos ofrece el Estado a la población, sobre todo de ingresos medios y bajos, para la adquisición de un bien inmueble digno? En este lado de la realidad es prácticamente imposible conseguir vivienda intraurbana (adentro del Periférico) con un costo menor a un millón de pesos y que podrían pagar estratos de ingresos medios y bajos. Hoy el costo de la vivienda está alejado, en precio y distancia, de los sectores más vulnerables que deben resignarse a vivir en zonas inaccesibles, muchas veces con limitaciones en los servicios básicos. Esta semana se realizó la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y El Caribe (CIHALC) en el Conjunto de Artes Escénicas de la UdeG. El evento reunió a los especialistas y tomadores de decisiones de más alto perfil en materia de vivienda y desarrollo sustentable. No exagero, revisé el programa a detalle: fue abrumadora la cantidad de temas y conocimiento valioso que seguramente se vertió durante tres días. Sin embargo, en esta misma semana, las denuncias contra la inmobiliaria AJP aumentaron a 942 por un desfalco que ya supera los mil millones de pesos. Estos contrastes ofrece nuestra metrópoli. Por un lado, una ciudad dormitorio llena de cicatrices como Tlajomulco, por el otro la voraz especulación inmobiliaria y, en medio, el debate académico y político encerrado en una torre de cristal. Lo he señalado antes: necesitamos una política de vivienda con sentido social y no sólo como instrumento de especulación. Necesitamos un Estado rector para que el derecho humano a la vivienda no se convierta en una mercancía ni se reduzca a un debate académico sin consecuencias. Urge que el Congreso de Jalisco apruebe una ley inmobiliaria que regule, controle y sancione a los desarrolladores y vivienderos que brotan como palomitas de maíz. Hoy cualquiera, sin más credenciales que la lectoescritura básica, se dice promotor inmobiliario. También necesitamos normas, incentivos fiscales y subsidios para que la vivienda social, destinada a aquellos con menos ingresos, sea una alternativa real. Lo decía claramente ayer el antropólogo Héctor Castañón: Jalisco se ha enfocado en una política de vivienda para la población de ingreso medio-alto que ha terminado por responder a la especulación más que a una necesidad real. Es momento de cambiar el rumbo.
