La crisis política que ha escalado desde el pasado 4 de junio cuando una genuina manifestación en contra de la brutalidad policial por la muerte de Giovanni López a manos de elementos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos un mes antes, degeneró en inadmisibles ataques a policías y actos vandálicos en Palacio de Gobierno, y al día siguiente en graves despariciones forzadas cometidas por agentes de la Fiscalía General con la detención ilegal de decenas de jóvenes, alteró drásticamene lo que se conoció como la ruta Jalisco para enfrentar la pandemia del coronavirus que había mantenido el gobierno estatal, con muy positivos resultados hasta el mes de abril.Sólo así se puede entender el paso de la etapa 2 de las Fase Cero de reactivación económica de las útimas dos semanas a la llamada Fase de “Responsabilidad Individual” que inicia hoy y en la que, según expresó el gobernador el jueves pasado, consistirá en que a partir de este lunes serán los ciudadanos los que “deberán cuidarse a sí mismos y a su familia”, mientras que las autoridades estatales y municipales se concentrarán en la reconversión y atención hospitalaria, así como en la preparación de más espacios en los distintos panteones para incrementarlos ante un eventual aumento de cadáveres de los fallecidos por el COVID-19.Esta nueva postura contrasta con los enérgicos llamados para cumplir las medidas iniciales de aislamiento y distanciamiento social, los decretos para hacer obligatorio el uso del cubrebocas y multar y detener a los incumplidos hasta llegar al insulto gubernamental, así como la cero tolerancia a los negocios en los que se desacataran los términos de la fase cero de reactivación económica.Aunque ciertamente en mayo se cuadruplicaron los casos de coronavirus por la relajación del confinamiento social, que bajó de casi un 60 por ciento a un 30 por ciento de la población, y que hizo imposible iniciar hoy oficialmente la Fase Uno de reactivación económica que permitiera la operación de una mayor número de negocios, en la introducción repentina de la nombrada Fase de Responsabilidad Individual parece gravitar decididamente el costo político que ha tenido que pagar el gobierno estatal por los reclamos de familiares de Giovanni López en el sentido que su detención y posterior ejecución extrajudicial se debió a que no portaba el cubrebocas, cuando se había decretado su uso obligatorio. Habrá que ver, pues, si este cálculo político del gobierno estatal, para evitar lo que para ellos ha sido una embestida del gobierno federal capitalizando la tragedia de Giovanni y “construyendo” la historia del móvil de cubrebocas, no da al traste con todo lo que se había avanzado en el control de la pandemia, y se revierte lo que tanto había ayudado al reposicionamiento nacional de la figura de Enrique Alfaro.jbarrera4r@gmail.com
