Muchos sospechamos que con el errático trabajo que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de Javier Duarte de Ochoa, se preparaba un escenario para la futura exoneración del ex gobernador de Veracruz.Pero quizá pocos adivinamos que el pacto de impunidad del que gozan los miembros connotados de la clase política vendría de la renuncia a un juicio y la declaratoria de culpabilidad de Javier Duarte.Como se sabe, el pasado miércoles por la noche, Javier Duarte aceptó ante el juez Marco Tapia los delitos que se le imputan. Así lo narró Arturo Ángel en Animal Político: “Entonces… ¿Admite usted, en este momento, la responsabilidad en los delitos que se le imputan?”, le preguntó el juez. Y sin titubear, Duarte respondió: “En base del principio de lealtad y de institucionalidad que rigen mi conducta… sí, su señoría, la acepto…”.Tras su aceptación de culpabilidad, el juez dictó a Javier una sentencia de nueve años de prisión, que podrían quedar en la mitad si se conceden al ex gobernador de Veracruz los beneficios por buena conducta.Los delitos por los que Duarte se confesó culpable fueron los de lavado de dinero y asociación delictuosa. Hay que recordar que apenas un mes antes (22 de agosto) la PGR le retiró la imputación de delincuencia organizada, porque los fiscales fueron incapaces de probarle el delito.Lo que sí probó la PGR y que Duarte aceptó es lo siguiente: ser responsable de “dirigir una organización criminal que operó en Veracruz, Guerrero y Ciudad de México, y a través de la cual se desviaron cantidades millonarias de recursos públicos… utilizando para ello empresas fantasma y prestanombres… Todo con la finalidad de invertirlo en propiedades y otros bienes en beneficio de él, de su esposa y de su familia”.El trabajo de la PGR para imputarle estos dos delitos se fincaron, como bien remarcó en su crónica Arturo Ángel, no en documentos e investigaciones consistentes de la PGR sino producto de confesiones de al menos cinco de sus más cercanos colaboradores. Es decir, se trata de traiciones de sus ex colaboradores, que declararon ante la PGR a cambio de no pisar la cárcel o al menos recibir reducción de penas. El juez Tapia ordenó también el decomiso de 40 propiedades y el pago de una multa de 59 mil pesos.En eso quedó la justicia para el político que fue denunciado como el prototipo una clase política corrupta a grados superlativos. El gobernante que supuestamente desfalcó al erario veracruzano con más de 60 mil millones de pesos, que armó una red de empresas fantasma para desviar dinero y que incluso inyectó agua en lugar de medicina a niños enfermos de cáncer, estará de nuevo en la calle en el año 2022, y probablemente emigrado a Londres con su familia para disfrutar del resto de su fortuna malhabida. Por su puesto que eso no es justicia, es un tráfico de favores entre políticos, lo que confirma el pacto de impunidad que la mafia de la clase política brinda a los suyos.Duarte, además, queda intocado por los delitos más graves que cometió: hacer de Veracruz un estado donde se impuso la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la proliferación de centros de exterminio y fosas clandestinas. Nada de eso le imputó la PGR, lo que confirma la simulación de justicia en su caso.
