Vivir entre carteles designados como terroristas

Los mexicanos nos hemos, tristemente, acostumbrado a vivir entre cárteles, grupos criminales que controlan los territorios e imponen, en mayor o menor medida, normas de convivencia. Cuántas veces no hemos renunciado a ir a algún lugar porque “no es prudente” o dejamos de circular a ciertos horarios, principalmente de noche, porque es la hora en que “la maña” anda haciendo sus jales y no te vayan a confundir; o dejamos de ir a un restaurante porque “ahí se juntan los malosos” (curiosamente, casi siempre coincide con el lugar de moda de los políticos). Decenas de veces hemos escuchado en pueblos o barrios que “la maña” los cuida a todos y que están mejor con ellos que con la Policía, o que en esta ciudad no pasa nada porque aquí viven las familias de los narcos (esa fantasía se ha repetido idéntica en Guadalajara, León, Monterrey o Torreón).

Pero no es lo mismo convivir con cárteles que tienen pactos implícitos o explícitos con las autoridades locales, que vivir entre grupos de crimen organizado que han sido designados como terroristas por el Gobierno del país más poderoso del mundo. En principio hay quien podrá pensar que qué bueno que finalmente alguien, quien sea, ha decidido ponerle un alto a estos grupos criminales. La pregunta es qué implicaciones tiene eso para la vida cotidiana de quienes vivimos inmersos en el territorio de control de los cárteles.

En la narrativa sobre el crimen, los cárteles siempre tienen un gran líder que no solo es la cabeza visible, sino una especie de antihéroe de la cultura popular, normalmente con un nombre o apodo conocido y reconocido: el Chapo, el Mayo, el Mencho, el Señor de los Cielos, la Barbie, don Neto, Caro, etcétera. Los cárteles son, sin embargo, mucho más que eso. Van desde el halconcito que avisa de cualquier movimiento extraño en el territorio, hasta sofisticados grupos de asesores legales y financieros que lavan el dinero, pasando por policías, políticos, jueces, magistrados, agentes inmobiliarios. Declarar terroristas, es decir, enemigos de la seguridad nacional estadounidense, a los grupos criminales, implica que cualquier persona o sociedad que haga o haya hecho negocio con ellos puede ser señalado por la OFAC (la oficina del Departamento del Tesoro que hace estas investigaciones y declaratorias) como parte de la red de lavado de dinero. Dicho de otra forma: ¿Sabe usted quienes son sus clientes? La seguridad jurídica, y por tanto el costo de transacción de los negocios en México, se va a incrementar.

Más allá de las afectaciones a la economía, la gran pregunta es que pasará con los grupos criminales. Suponiendo que el Gobierno de Trump lograra desactivar algunos líderes y hacer que el negocio cambie de manos (porque el tráfico de drogas no se va a acabar mientras exista ese enorme mercado de consumidores en Estados Unidos), si el gobierno mexicano no aprieta el otro brazo de la pinza, la inseguridad se puede disparar. Esos mismos grupos criminales, independientemente de que se les diga o no terroristas, van a sustituir las pérdidas por las drogas con delitos como extorsión, cobro de piso y control de mercados locales.

diego.petersen@informador.com.mx