El apabullante voto, nueve contra dos, no deja lugar a dudas: la forma en que el Poder Legislativo procesó la primera parte del llamado “Plan B” electoral está fuera de las normas que marca la Constitución para aprobar una ley. Sí, no basta tener mayoría, hay un proceso legislativo que se debe cumplir y que implica, entre otras cosas, que todos los ciudadanos y nuestros representantes sepamos qué se está discutiendo (máxima publicidad, le llaman); que quienes tengan algo que decir al respecto puedan expresar sus argumentos (por eso es parlamento); y que se someta a votación sólo hasta que esté suficientemente discutido. Así es la democracia. No es un invento de “los corruptos neoliberales” o de “los conservadores”, son cientos de años de aprendizaje parlamentario.Desde hace varios sexenios la Suprema Corte de Justicia ha echado para atrás todas las leyes producto de los llamados albazos. Nadie se puede llamar a engaño: el Presidente, el secretario de Gobernación, los líderes de las bancadas y muchos de los diputados sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era ilegal, y sin embargo lo hicieron. (Algunos de los llamados diputados levanta dedos que no leen ni en defensa propia seguro no sabían, no saben de proceso legislativo y les importa un comino, pero ese es otro tema.) La pregunta entonces es: ¿por qué lo hicieron, por qué lo siguen haciendo?La única respuesta posible es que lo hacen para estresar a las instituciones de la República. Lo que están haciendo, conscientemente, es generar una animadversión contra la Suprema Corte de Justicia. Ayer mismo el pregonero de la Cuarta Transformación, Epigmenio Ibarra, comenzó una campaña contra la Corte que él mismo llamó “Plan C”, una reforma al Poder Judicial, que, como lo han esbozado desde principios del sexenio, no es otra cosa que nombrar una corte constitucional por encima de la SCJN. Para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el “Plan C” es ganar la elección federal con mayoría suficiente para modificar la Constitución. Si en el 2024 los mexicanos le damos mayoría constitucional en las cámaras al Presidente, el que sea, éste podrá plantear las reformas al INE, al INAI, e incluso a la Corte que considere convenientes. El planteamiento es absolutamente democrático, sí y sólo sí el Gobierno no mete las manos en la elección.Lo que es una canallada o una estupidez (el poder no sólo envilece, también embrutece) es argumentar que los ministros no tienen legitimidad porque no fueron electos por el pueblo. A los ministros los propuso un Presidente electo por voto popular (el actual, por ejemplo, propuso a cuatro de ellos) y los escogieron y nombraron de una terna 128 senadores electos en las urnas: 96 de forma directa y 32 por vía plurinominal. Si los ministros carecen de legitimidad democrática es porque el Presidente y los senadores no la tienen.El mensaje de la Corte es claro: en democracia las reglas importan. Ojalá algún día ese sea el “Plan D” de quienes se abrogan el deseo de transformación.diego.petersen@informador.com.mx
