La propuesta, un tanto campechana, del Presidente de la República de usar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Acapulco no hace sino evidenciar el problemón fiscal en que está metida la administración de López Obrador. Ante las críticas por la desaparición del Fondo de Desastres Nacionales (Fonden), el Presidente y corifeos dijeron que este Fondo nunca desapareció, sólo lo vaciaron, se gastaron el dinero en otra cosa (la lógica diría que eso es ilegal, pero no me vengan con que la ley es la ley). Luego, el Presidente dijo que hay recursos ilimitados (sic) para la reconstrucción de Acapulco y finalmente pide que un dinero que pertenece a otro poder, el de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, se use para financiar a los damnificados.Más allá de dónde le jalen a la cobija, lo cierto es que al problema del déficit en que ya estaba metido el Gobierno federal se suma este desastre que no es sino otro agujero en el hoyo fiscal. Si no se hubieran gastado los 30 mil millones del Fonden la tragedia de Acapulco sería la misma, pero todos tendríamos claridad que hay recursos para palear la tragedia. No tener la certeza de cómo se va a fondear la reconstrucción del puerto va a generar retrasos en las asignaciones. No es un asunto de voluntad o no del señor Presidente, es que cada peso que se destine a Acapulco hay que sacarlo de otro lado, hay que quitárselo a un programa ya autorizado por el Congreso.Cada día que se tarde el Gobierno en decidir es un día en que no habrá trabajo, en el que miles de familias no van a recibir dinero, un día en que la comida no estará asegurada en la mesa, un día más que no habrá ni turistas ni ingresos en Acapulco. Hay una gran preocupación en el Gobierno por saber quién pagará la factura electoral, y está bien que se preocupen, lo que no parece quedarles claro es el concepto de la factura. No es el huracán en sí mismo lo que les van a cobrar, es la falta de respuesta de un Estado obeso y torpe y la debilidad financiera que salió a flote lo que hay que pagar. Mientras el Gbierno busca quién pague su desorden financiero una duda flota en el aire. Pegunto nada más por preguntar: ¿Y si mejor le pedimos a Ignacio Ovalle y sus secuaces que regresen lo que se llevaron de Segalmex? Es sólo una idea, aunque ya sabemos que, en este país -sea en la administración de López Obrador, en la de Peña Nieto, o en la de los santurrones panistas, Fox y Calderón, y de ahí para atrás el que se quiera- peso robado, ni dios lo quita.diego.petersen@informador.com.mx
