López Obrador tiene prisa. Quiere ser él, antes de terminar su mandato, el que le dé la puntilla a los órganos autónomos del Estado mexicano. Los aplaudidores de la 4T están felices porque, gracias a esta medida, se va a ahorrar el uno por ciento del presupuesto federal. Esto, claro, suponiendo que no se creen plazas en las secretarías que asumirán las funciones, pues sabemos bien que, si algo sabe hacer la burocracia, es reproducirse. La austeridad republicana es un espejismo, una falacia. Se habla mucho de lo que vamos a ahorrar, no así de lo que vamos a perder los ciudadanos con la desaparición de los organismos autónomos de transparencia y acceso a la información pública, de telecomunicaciones, de competencia económica, la comisión de hidrocarburos, la reguladora de energía, la de evaluación de programas y políticas gubernamentales, etcétera.El dinero público no se “ahorra”, en realidad, sólo se gasta, bien o mal, en otro rubro. Nada nos asegura que el dinero “ahorrado” se va a gastar mejor, en cosas de mayor beneficio público. Lo que perdemos los ciudadanos, sin embargo, sí es tangible: perdemos poder frente a las decisiones del Estado. A partir de la reforma de septiembre, ya no podremos exigir información pública; estaremos sujetos al capricho del o la secretaria de la Función Pública en turno, quien será juez y parte. La del próximo sexenio, Raquel Buenrostro, por cierto, la impuso el presidente saliente. Papá gobierno decidirá qué sí y qué no tenemos derecho a saber. A partir de la reforma a los organismos autónomos, será el propio Gobierno quien decidirá si sus políticas públicas son malas, buenas o no tanto. Ellos mismos gastarán el dinero, harán la evaluación y decidirán quién es pobre y quién no, a conveniencia. La Comisión Federal de Electricidad será al mismo tiempo el proveedor principal de energía y quien establezca las tarifas. Pemex, en su profunda ineficiencia, decidirá todo lo que tenga que ver con hidrocarburos, aunque nos termine costando a los ciudadanos.Los organismos autónomos no fueron un capricho de los gobiernos neoliberales, como lo quiere hacer ver López Obrador, sino una conquista de los ciudadanos para quitarle poder al presidente en turno. Sin duda, tienen mucho que corregirles, son imperfectos y hay dentro de ellos muchos abusos presupuestales, como en toda instancia pública. Pero lo único peor que tener organismos autónomos imperfectos es no tenerlos, y eso es lo que a partir de septiembre, si se consuma la interpretación constitucional que le da mayoría absoluta en las cámaras a Morena y aliados, tendremos en este país: una presidencia imperial recargada.diego.petersen@informador.com.mx
