Andrés Manuel López Obrador ya no puede decir que en su Gobierno no hay masacres. Durante estos años, el Presidente había evitado llamar así a los crímenes entre grupos delictivos, que son verdaderas masacres, pero en su discurso, la diferencia estribaba en que el gobierno no daba la orden de reprimir, no eran las fuerzas federales las que mataban. Hasta que lo hicieron de manera brutal y descarada en Nuevo Laredo la madrugada del domingo. Conforme pasan las horas, nos enteramos de que lo sucedido en la ciudad fronteriza no solo fue absurdo, sino brutal.Nadie puede llamarse a engaño. Cuando se discutió en el Congreso la ley que permitió la presencia de los militares en tareas de seguridad pública, decenas de organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para advertir que el riesgo era mayor, que sucedería eso que ya sucedió, que el camino no era el correcto. No los escucharon. Todos los partidos, todos, votaron a favor de la Guardia Nacional y de que el Ejército participara en labores de seguridad. Hoy, ninguno se hace cargo de las consecuencias.Si hacemos lo mismo, los resultados serán los mismos, dice el axioma de la ciencia. Al igual que sus antecesores, Peña Nieto y Calderón, López Obrador puso la seguridad pública en manos de las fuerzas armadas y, ¡oh sorpresa!, regresaron las masacres. La única diferencia, no menor, está en el trato a las víctimas: ningún gobierno había sido tan displicente y falto de empatía con las víctimas, sean los muertos en el derrumbe del metro, los fallecidos por falta de atención médica o los periodistas y defensores de derechos humanos, como lo ha sido López Obrador. Y no es un asunto de ayer o de esta semana, es una política de Estado borrar a las víctimas, ignorarlas, minimizarlas, acallar su voz y de quien en principio debería representarlos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.¿Basta con que el General Secretario, Luis Crescencio Sandoval, diga que se castigará a los culpables? No, cuando el propio Ejército tardó en reconocer el abuso de poder; no cuando desde los mandos intentaron minimizar el hecho; no mientras el Presidente y el Secretario no llamen a la masacre por su nombre.Hay que subir el costo de lo sucedido al Presidente y al Ejército. No para hacer grilla o propaganda, sino simplemente para que no vuelva a ocurrir. La brutalidad es directamente proporcional a la impunidad. Y no es solo la impunidad legal, que en este país ronda el 95 por ciento, sino la impunidad política y social.diego.petersen@informador.com.mx
