Mientras en los corrillos políticos se debate si el gobernador Enrique Alfaro se va o no, si será candidato a la Presidencia de la República por MC o coordinador de alguna campaña, la violencia en Jalisco no deja de ser noticia local y nacional y motivo de preocupación cotidiana de los ciudadanos. Hay tres frentes muy delicados en el tema de seguridad: la batalla por los territorios, las desapariciones y el abandono institucional.La batalla territorial del crimen organizado tiene hoy un frente claramente identificado en los municipios del norte de la zona de Los Altos. Teocaltiche es el foco de conflicto como hace unos meses era Mazamitla. Los dos municipios tienen algo en común: son el cruce de carreteras regionales importantes para el control territorial del crimen organizado. Mazamitla dejó de ser noticia, como dejó de serlo Jilotlán de los Dolores, pero no porque se hubieran resuelto los problemas, sino porque ni los grupos antagónicos ni las fuerzas del Estado decidieron continuar la batalla. En el caso de Teocaltiche, donde la población ha sido desplazada, no hay, o al menos nunca se ha informado, una estrategia de control por parte de las autoridades estatales que otorgue seguridad a los pobladores de Los Altos. El Gobierno alfarista se limita dar cuenta de los asesinatos con la esperanza de que sean menos que el mes o el año anterior.Más grave aún es la forma de atender el fenómeno de la desaparición que entregará la administración de Alfaro. La promesa de enfrentar el problema de la mano de las víctimas se fue diluyendo conforme avanzó el sexenio. No hay presupuesto, no hay políticas de Estado, pero sobre todo no hay empatía con las víctimas. La apuesta es revictimizar, sacudirse la responsabilidad y tratar de tapar el sol con un dedo. No hay en cinco años de administración alfarista el más leve avance en investigación o prevención de este delito; el número de desaparecidos se duplicó, particularmente entre los menores y los jóvenes, y nunca hubo una respuesta institucional acorde con el tamaño del problema.El Gobierno que llegue recibirá un Estado con más territorios perdidos que los que recibió Alfaro; una crisis de desapariciones y fosas clandestinas y una contabilidad mañosa en los datos de muertes violentas, pues insisten en no contabilizar a los encontrados en fosas y en sólo registrar el número de investigación, no de personas fallecidas. Pero no sólo eso, el próximo Gobierno encontrará una Fiscalía debilitada a la que no se le ha invertido lo necesario, una Policía estatal que no creció, una Policía Metropolitana de papel y una Policía Vial prácticamente desaparecida.diego.petersen@informador.com.mx
