El ministro Javier Laynez lo llamó “fraude constitucional”. Él fue uno de los ocho ministros que votaron a favor el proyecto de invalidar el decreto que pasó a la Guardia Nacional a las manos de la Secretaría de la Defensa en contra del espíritu y la letra del artículo 21 constitucional. Sólo las ministras muy cercanas al Presidente, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, defendieron, junto con el ministro Arturo Zaldívar, la constitucionalidad de la ley. Zaldívar, quien encabezó la batalla contra la ley de Seguridad Pública de Peña Nieto porque daba a las Fuerzas Armadas facultades extra constitucionales, tuvo que hacer gimnasia política, un triple salto mortal con giro a la derecha, para defender lo que él mismo, con impecable lógica constitucional, echó para atrás hace seis años.La resolución tiene muchas lecturas y se corre el riesgo de sobredimensionar sus implicaciones. ¿Es una derrota para el Presidente de la República y sus proyectos de seguridad? Sin duda. En un momento en que las Fuerzas Armadas son cuestionadas por el uso ilegal de métodos de espionaje a miembros de la sociedad civil; en que el secretario de la Defensa es señalado por uso indebido de recursos públicos; los miembros del Ejército y la Guardia Nacional son señalados por abuso de la fuerza y exceso de letalidad; en que salen a la luz conflictos de poder entre el Ejército y la Marina, y el número de homicidios van al alza, el fallo de la Corte parece ser un clavo en el ataúd de una fallida política de seguridad pública.Este fallo no significa, como quisieran algunos, que esa misma será la votación sobre la reforma electoral llamada Plan B ni el fin del sexenio de López Obrador.La argumentación de los ministros hace pensar que los ocho podrán observar en el Plan B los mismos vicios legislativos que ha caracterizado a las dos legislaturas encabezadas por Morena, más dispuestas a obedecer que a pensar y obsesionadas por meter el cuadrado en un círculo, pero se trata de asuntos distintos, con lógicas jurídicas distintas.Por otro lado, si bien es cierto que se trata de un duro golpe para la administración lopezobradorista, también lo es que el presidente es un mago para convertir las derrotas en triunfos políticos, como lo ha demostrado una y otra vez. Si, como es de esperarse, aumenta la inseguridad y el número de muertes en el país, los culpables en el discurso presidencial serán los ministros de la Corte y los conservadores. El verdadero golpe del fracaso es para todos los mexicanos que, una vez más, perdimos años valiosos en la construcción de una paz verdadera y duradera por la incapacidad y obcecación de tres presidentes, Calderón, Peña y ahora López Obrador, de enfrentar el fenómeno de la inseguridad sin construir consensos y anteponiendo la lógica política. No hay futuro posible, por bien intencionado que sea, si este se construye sobre un fraude constitucional. No hay paz ni justicia posible sin apego a la ley.diego.petersen@informador.com.mx
