¿Hay un límite para la política de los abrazos, o, si se prefiere, en qué momento el Estado tendrá que recurrir a la fuerza, al uso legítimo de la fuerza, para proteger a la población? La inacción de los gobiernos estatales, y particularmente del federal, frente a los actos cada día más violentos del crimen organizado obligan a plantear una vez más si la estrategia de pacificación del país planteada por López Obrador y ahora continuada de Claudia Sheinbaum son, ya no digamos correctas, sino simplemente viables y sostenibles.La reducción marginal del número diario de asesinatos entre 2019 y 2023 hace que algunos vean la estrategia como positiva. Es cierto que hubo una leve tendencia a la baja, muy lejos de lo prometido, pero hay que insistir en que esa reducción resulta falaz cuando agregamos al gran número de personas desaparecidas no localizadas en los últimos años.El problema para Sheinbaum es que 2024 muy probablemente romperá esa aparente tendencia positiva lo que, junto con los asesinatos de alto impacto, como el del sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de la Casas o el del alcalde de Chilpancingo, Ulises Hernández, ponen cada día más en duda la estrategia. La presión al nuevo gobierno por el tema de seguridad irá en aumento. El recurso político de “cuando todo falle échele la culpa al Calderón” será cada vez menos eficiente. En boca de la presidenta, la segunda administración emanada de Morena, el discurso de que todo se explica por la guerra de Calderón suena viejo y sobre todo poco creíble. Los jóvenes que hoy tienen entre 15 y 18 años difícilmente se acuerdan quién fue ese presidente al que tanto nombran, mucho menos tienen conciencia de qué hizo o dejo de hacer un gobierno que terminó en 2012. Lo que sí tienen claro son los riesgos y los miedos que viven día a día.El segundo problema es que el propio gobierno de la llamada 4T se ató las manos cuando optó por construir una Guardia Nacional desde las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Armadas. Enfrentar a los grupos del crimen organizado con una policía que no es policía, sino Ejército revestido, augura una altísima letalidad en las operaciones policiales (el libro “Permiso para matar”, de Daniel Moreno, Jacobo Dayán y Paris Martínez, lo plasma con espantosa claridad).Continuar con la estrategia de “abrazos no balazos” significará un enorme desgaste político. Enfrentar al crimen organizado con esta Guardia Nacional y con un Poder Judicial en plena transición implica altos riesgos de letalidad y sobre todo de impunidad, pues si los juzgados eran una ya coladera, en los próximos años, aun suponiendo que la reforma judicial funciona, mientras se acomoda, será literalmente una puerta giratoria.El límite de los abrazos no es otro que los balazos, da igual de qué cañón surjan.
