Cuentan que en las barricadas estudiantiles de los años sesenta hubo tres etapas: la primera, valiente y decidida, al grito de “no pasarán”. No duró mucho; los policías les pasaron por encima. Luego surgió el grito de “no volverán a pasar”. Los volvieron a aplastar. Estratégicamente, la tercera ocasión salieron al grito de “haremos como que no pasaron”. Algo muy similar está ocurriendo con el Gobierno de López Obrador en materia de seguridad y particularmente en lo que tiene que ver con los desaparecidos. Primero nos prometió que en su administración no pasaría, con el argumento ingenuo (o quizá perverso) de que en su Gobierno los malos se portarían bien porque ya no habría corrupción, y si no, los acusaría con sus mamás y sus abuelos. Ni se acabó la corrupción ni los malos se portaron bien. El Gobierno obradorista pasó entonces al “no volverá a pasar”, prometió cambios, endureció el discurso y culpó al pasado. Nada sucedió; las desapariciones siguieron, los malos no se convirtieron al bien y, por el contrario, aprovecharon la debilidad del Estado para ganar territorio. El Gobierno de la Cuarta Transformación escaló a la siguiente etapa: haremos como que no pasó. De unos meses para acá, han decidido desaparecer a los desaparecidos.En su afán por invisibilizar el problema de la desaparición de personas que azota al país entero, el Gobierno de López Obrador forzó la salida de la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, y en su lugar nombró a Teresa Reyes Sahagún, una burócrata obediente, sin más mérito que ser una militante del partido dispuesta a todo. Todo incluye desviar 22 millones de pesos destinados a la educación para adultos en Chiapas a un proveedor fantasma en el Estado de México y de ahí a la campaña de Defina Gómez (lo publicó Mexicanos contra la Corrupción, pero la denuncia formal la presentó el órgano interno de control de la SEP).El encargo de la nueva comisionada es abandonar el trabajo de búsqueda con las familias y grupos de sociedad civil organizada, así como borrar el trabajo de Karla Quintana. No quieren saber nada de los análisis de contexto que evidenciaron que la desaparición es sistemática y que las instituciones del Estado están involucradas. En lugar de combatir el fenómeno criminal lo que va a hacer ahora la Comisión es un “censo” casa por casa cuyos resultados, lo podemos apostar desde ahora, serán esos “otros datos” que servirán al Presidente para minimizar la tragedia y acusar de conservadores a quienes reclamen la desaparición de sus hijas, hijos, madres, hermanas o hermanos.La captura burocrática de las instituciones, particularmente las que tienen que ver con derechos humanos y derechos civiles, es uno de los mayores riesgos para la democracia. Cuando los organismos dejan de operar y los funcionarios dejan de pensar para dedicarse sólo a obedecer crecen las visiones únicas y con ellas el autoritarismo. La llegada de una burócrata obediente a la Comisión Nacional de Búsqueda es, desde donde se vea, una pésima noticia.
