A la caza de las autonomías universitarias

Una de las estrategias políticas del Presidente López Obrador es no dejar respiro a sus oponentes. No termina aún la batalla por el INE cuando ya abrió la puerta para desestabilizar a la UNAM y sin duda, detrás de ella, a todas las universidades del país. Se trata no sólo de controlar presupuestos enormes, sino sobre todo de poder incidir de manera más directa en la politización de los estudiantes y el control de las voces de académicos disidentes.

La propuesta de reforma a la ley orgánica de la UNAM para que el rector no sea electo por la Junta de Gobierno sino por votación universal directa de la comunidad universitaria, incluyendo por supuesto los alumnos, puede sonar muy atractiva y democrática, pero no es ni una cosa ni la otra. El argumento es que la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional es un coto de poder de unos cuantos. Sin duda puede cuestionarse la representatividad de quienes participan en ella y por lo tanto mejorable la calidad de la democracia en esa institución. Sin embargo, hay que decir que esa es la forma de Gobierno que se han dado los mismos universitarios y que es la misma que ha permitido procesar los grandes conflictos como el de 1999-2000, que mantuvo a la universidad en paro durante un año; el del movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en 1986, en el que participaron varios de quienes hoy son miembros de la clase política morenista y por supuesto la gran crisis de 1968.

En ninguna universidad seria en el mundo el rector se elige por votación universal directa. En los casos donde hay una participación más democrática como la Universidad de Boloña, Turín o la romana Sapienza, todas en Italia, y otras más en España, como la de Barcelona o Madrid, el voto es ponderado y en estos casos la mayoría siempre está entre los profesores, nunca entre los alumnos. El método más recurrido es el de un Consejo Universitario donde están representados maestros, alumnos, trabajadores administrativos y directivos en proporciones distintas y claramente los estudiantes nunca tienen mayoría. La razón es muy sencilla: los alumnos son los beneficiarios del servicio educativo y población flotante, es decir, su paso por la universidad es deseablemente efímero (siempre hay algunos porros que se enquistan, pero son absoluta minoría). Los responsables de la educación son los profesores y las instituciones universitarias tienen fines que van más allá que la de formar alumnos (investigación, divulgación, fomento cultural, etcétera).

Las universidades públicas en México, como en todo el mundo, necesitan ser más trasparentes en sus decisiones y una de ellas, fundamental, es la de la elección de rectores. Pero cualquier modificación a sus estatutos que no nace de la comunidad universitaria, cualquier intento de “democratización” que viene de fuera sea en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, en la Veracruzana o en cualquier otra acosada por el poder, no es sino un intento de vulneración de la autonomía que tanto estorba a los poderosos.

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Diego Petersen Farah