Aún resuena aquella declaración del gobernador Enrique Alfaro que, ante un feminicidio en la vía pública y posterior suicidio del asesino, preguntó: ¿Y el Gobierno qué tiene que ver con todo esto? Seguramente hoy se estará preguntando lo mismo, ¿qué tiene que ver el Gobierno de Jalisco con la desaparición de cinco jóvenes? Todo. Aunque no les guste, absolutamente todo. Nada tiene que ver, efectivamente con los hechos en sí mismos. Ya hemos dicho que un Gobierno, municipal, estatal o federal, no puede evitar que una persona mate a otra. Lo que deben garantizar, todos, es que ese crimen tenga consecuencias. El Gobierno municipal que encabeza Tecutli Gómez es responsable de lo que sucede en el territorio. El Gobierno de López Obrador tiene que ver con las desapariciones, porque el crimen organizado anda a sus anchas. El Gobierno de Alfaro tiene que ver con lo sucedido en Lagos de Moreno por la impunidad con la que los grupos de crimen organizado se mueven en esa región; tiene que ver porque el mes pasado, en Encarnación de Díaz desaparecieron cuatro mujeres y tampoco pasó nada; tiene que ver porque el crimen organizado controla municipios y carreteras sin que nadie les ponga un alto; tiene que ver porque en lo que va del sexenio han desaparecido y no han sido localizadas ocho mil 400 personas; tiene que ver porque hay más de cuatro mil personas muertas sin identificar en el Semefo; tiene que ver porque sólo han logrado enviar a prisión a 21 criminales por desaparición, esto es, que hay un detenido por cada 400 casos.Si se siguen preguntando qué tiene que ver el Gobierno del Estado, la respuesta es nada más todo. Decir que es un problema federal y que eso le toca al Gobierno de la República es otra forma de sacarle al bulto. El combate al crimen organizado desde lo local no sólo es posible sino obligado. Es un asunto de voluntad política. No de voluntarismo traducido en fuertes declaraciones, miradas a los ojos, o vergüenzas y palabras empeñadas, que es lo que suelen poner sobre la mesa nuestros gobernantes, sino de construcción de acuerdos políticos para que la Fiscalía tenga capacidades y recursos para desarrollarlas; para que tengamos una Policía estatal fuerte que controle el territorio y los caminos allá donde las policías municipales no pueden o están amenazadas por el crimen organizado; para que el Poder Judicial tenga suficientes recursos no sólo para desahogar el rezago, sino para hacer algo parecido a impartir justicia; un gran acuerdo para arrebatarle las prisiones al crimen organizado y sobre todo, para regresarle la paz a las familias localizando e identificando a los desaparecidos.Sí. Algo tiene que ver el Gobierno con todo esto. Se llama gobernar.diego.petersen@informador.com.mx
