El Estado no puede dejar de buscar. Buscar los cuerpos de las personas desaparecidas no es una opción o una graciosa concesión, es una obligación. Por supuesto que tiene que hacerlo asegurando la seguridad de los elementos de las policías municipales e investigadoras que acompañan las diligencias, y sobre todo de las madres buscadoras y familiares. Pero esa también es su obligación: darnos seguridad a todos.El verdadero dilema de los gobernantes no es reconocer las obligaciones del Estado, esas están perfectamente descritas en las leyes, sino administrar los recursos del erario, siempre escasos, para decidir cuáles, de todas las obligaciones que están en la ley, son su prioridad. La ley mandata dar seguridad, la ley mandata otorgar servicios públicos, educación, salud, recreación, cultura, protección al ambiente, etcétera. Detrás de cada uno de los ministerios del Estado a nivel federal, estatal o municipal hay una obligación que cumplir. La violencia que hoy padecemos es el resultado de muchos sexenios en el que la seguridad y la justicia han sido conscientemente relegados por los políticos. Todos sin excepción, de quince años a la fecha, se quejan de que recibieron un Estado violento, policías corruptas y un sistema judicial igualmente corrupto. Ninguno ha hecho nada por cambiar la tendencia. El dinero público se ha invertido invariablemente en obras de infraestructura, algunas sin duda importantes, otras intrascendentes para la vida pública y no pocas francamente inservibles por no decir fraudulentas.Hay dos razones por las que los políticos han preferido hacer obras y no combatir la inseguridad. La primera es política: el votante (es decir nosotros como sociedad) premia más la inversión en cosas tangibles y de corto plazo. La segunda y quizá concreta es económica: la obra pública es la gran fuente de corrupción. De nada sirve tener más carreteras si éstas están en manos del crimen organizado o si los ciudadanos tenemos miedo. Un Gobierno diferente, ahora que vienen las grandes promesas de las campañas para la Presidencia y la gubernatura, no será el que prometa levantarse temprano para atender personalmente la mesa de seguridad ni el que diga dar la cara y prometa presentar mes a mes los números de la inseguridad. Los que se van ya fracasaron, aunque ellos digan lo contrario. Un Gobierno distinto será el que ofrezca poner en primer lugar el tema de la inseguridad y comprometa su capital político y el presupuesto en el combate al crimen. Un Gobierno distinto será el que decida buscar los cuerpos de los desaparecidos, pero sobre todo las causas de la desaparición. Porque en las madres buscadoras se sintetiza el horror y la esperanza, el problema y la posibilidad de salir de él, concentrémonos en construir un gran pacto social por la seguridad con ellas en el centro de una gran política pública de seguridad de mediano y largo plazo. Sólo buscando los cuerpos encontraremos la salida.diego.petersen@informador.com.mx
