Privilegiar el enfoque político sobre el criminal es otra manera de perpetuar la impunidad. De los 142 detenidos por el caso... más de la mitad han sido liberados...La verdad histórica es el prototipo de lo que no debe hacerse en una investigación. Todo se hizo mal, desde la tardanza en reaccionar por parte del gobierno federal hasta proteger a las fuerzas armadas. La cara pasmada de Peña Nieto en la primera reunión con los padres era el más vivo reflejo del fracaso. Cualquier cosa que siguiera después de eso no iba a ser creíble. Lo que comienza mal termina fatal, y en este caso no fue distinto.Decir “fue el Estado” para satisfacer a un grupo que cree que un crimen de Estado es más terrible que otros y por lo tanto más punible no ayuda a entender lo que pasó. Lo que hubo en aquella triste noche de Iguala es lo suficientemente grave como para ponerle más adjetivos: una colusión del crimen organizado con autoridades municipales, estatales, federales y fuerzas armadas a las que no les importó la vida de 43 estudiantes que consideraron un estorbo. Fueron personas concretas que trabajaron en instituciones específicas del Estado mexicano las que permitieron que un grupo del crimen organizado matara, cremara y desapareciera a 43 estudiantes. Si el ex procurador Murillo Karam maquinó para alterar la verdad es por supuesto un delito muy grave y debe, al igual que las otras personas que se confabularon, pagar por ello. Pero no se nos olvide que 43 jóvenes fueron asesinados y cremados por personas específicas con nombre y apellido del crimen organizado.Privilegiar el enfoque político sobre el criminal es otra manera de perpetuar la impunidad. De los 142 detenidos por el caso, desde los líderes de las células de Guerreros Unidos o Los Rojos, hasta policías municipales de Iguala, más de la mitad han sido liberados por violaciones al debido proceso, prácticas de tortura o carpetas mal integradas. La negligencia e incompetencia de las autoridades es más que patente. Sin embargo, la incompetencia no lo hace crimen de Estado. Para llamarlo así se tienen que cumplir cuatro características muy específicas: que sean actos generalizados, que sean sistemáticos, cometidos por agentes del Estado y en contra de grupos de la sociedad civil por motivos políticos, sociales, ideológicos o religiosos. Ponerle adjetivos a la tragedia, encasillar el horrible asesinato de 43 estudiantes en las palabras crimen de Estado no ayuda a esclarecer los hechos, pero sí genera un discurso propicio para el uso político. Eso no le quita responsabilidad a quienes tuvieron a su cargo la investigación y, por los motivos que hayan sido (ojalá nos enteremos), alteraron la información, las pruebas y al fin de cuentas la verdad. El riesgo, como suele suceder en estos casos, es que por querer embarrar a los de atrás terminen salpicando a los de adelante. diego.petersen@informador.com.mx
