La presidenta Claudia Sheinbaum ya sentenció la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Los argumentos son tan básicos como burdos, por no decir falsos: El primero es que no sirvió para combatir la corrupción, y el segundo es que la propuesta de los comisionados de bajarse el sueldo y reducir gastos llegó demasiado tarde.Decir que el INAI no sirvió para combatir la corrupción es un argumento equívoco y falso. Equívoco porque la función de un organismo de acceso a la información no es combatir la corrupción, eso le toca, con todo respeto, a los gobiernos y en particular a las fiscalías. El INAI y sus pares estatales existen para garantizarnos a los ciudadanos el derecho a la información, que no es otra cosa que recordarle a los gobiernos y a los órganos del Estado que la información que se genera por el ejercicio del gasto y la toma de decisiones nos pertenece a los ciudadanos, es nuestra y no nos pueden negar, salvo casos muy específicos, el acceso a ella. Es también falso porque las pocas causas que se han dado en este país de combate a la corrupción derivaron de solicitudes de información que, por cierto, no los hizo ningún gobierno ni partido sino medios de comunicación u organismos de la sociedad civil. Si algo no ha servido para nada en el combate a la corrupción han sido las contralorías y la Secretaría de la Función Pública.Dice la presidenta que ahora será el gobierno, su gobierno, el que garantizará la transparencia. Como la mayoría de los políticos, la presidenta, torpe o amañadamente, confunde la transparencia y el acceso a la información. La transparencia no es una concesión graciosa del gobierno en turno, es una cualidad (se es o no se es transparente) y además una obligación. El acceso a la información es un derecho de los ciudadanos cuyo cumplimiento no puede estar en manos del sujeto obligado, pues éste en automático se convierte en juez y parte.Si la corrupción de alguno o algunos de los miembros de una institución fuera causa suficiente para desaparecerla, como argumenta Sheinbaum, no quedaría piedra sobre piedra del Estado Mexicano (su propia campaña fue un dechado de corrupción, Marcelo dixit). Podrían reformar al INAI, usar la mayoría constitucional para fortalecer el derecho ciudadano a la información; podrían usar el enorme poder que ganaron en las urnas para perseguir la corrupción que dicen que hay en el INAI, pero no, han decidido desaparecerlo y hacerlo por decreto, abrogándose para sí mismos la decisión de lo que podemos y no podemos saber los mexicanos, ejerciendo un control absoluto sobre un bien que es nuestro: la información. ¿Ahora entienden la presidenta y sus agoreros por qué hablamos de autoritarismo y de regresión autoritaria?diego.petersen@informador.com.mx
