Si juzgáramos a Enrique Alfaro por el resultado de sus acciones para resolver la crisis de desaparecidos y no solo por sus buenas intenciones, merecería un trato de criminal y su inmediata vinculación a proceso por negligencia.El mismo estatus delictivo que tienen desde el viernes Heriberto Rojo y Jairo Jáuregui, procesados por los delitos de lesiones a dos policías y ataques a las vías de comunicación, según la fiscalía estatal.Ambos jóvenes fueron detenidos el miércoles 7 de agosto durante una protesta frente a Casa Jalisco para exigir la localización de su familiar Gustavo Rojo, desaparecido hace un mes en El Manantial, en Tlajomulco.Colectivos y familias de desaparecidos, menores entre ellos, protestaban frente a Casa Jalisco cuando bloquearon avenida López Mateos al cruce con Manuel Acuña por casi media hora.Policías estatales formaron una valla humana que avanzó contra los manifestantes y lograron replegarlos. Sin embargo, un pequeño grupo quiso bloquear la avenida de nuevo; allí se generó la trifulca y los dos arrestos.Los videos muestran a agentes estatales mientras persiguen a los manifestantes. Todos los policías usan arma, chaleco antibalas, botas largas y, quienes ejecutan los arrestos, se cubren el rostro.La fiscalía dijo que armó una “sólida” carpeta de investigación contra los dos detenidos. Uno de los policías, destacó la dependencia, resultó “policontundido”.Resulta difícil hallar la lógica de algo parecido a un protocolo u operativo de la autoridad en el momento álgido de la protesta. Basta ver cómo los policías gritan, manotean y corren de un lado a otro.Más arduo es imaginar que dos jóvenes, ante decenas de policías armados y equipados, hubieran sometido a golpes a dos policías (ningún video registró el hecho). A menos que oponer resistencia, lo cual sí ocurrió, sea una nueva forma de agresión violenta.El Código Penal de Jalisco castiga el delito de lesiones con una multa de hasta 10 mil 800 pesos y prisión de hasta seis meses si las heridas no tardan más de 15 días en sanar. La pena aumenta hasta dos años de cárcel si las lesiones sanan después de dos semanas.El Código estatal también castiga hasta con seis años de cárcel a quien obstaculice las vías de comunicación municipales o estatales.Sería ingenuo reducir este hecho a un asunto puramente legal (cumplir o no la ley) como sugirió el gobernador: “Si hay alguien que golpea un policía, eso se castiga, eso no se tolera, y tampoco se tolera que se bloqueen vialidades porque afecta derechos de terceros”.El hecho tiene enorme significado político y colectivo: es un escarmiento contra la protesta social.La persecución decidida de la fiscalía y la postura del gobernador (“la violencia no se debe tolerar”) despiertan al aparato burocrático e ideológico del Estado contra dos víctimas indirectas “en defensa de la legalidad” que no garantiza contra las desapariciones.El reclamo válido de los manifestantes resuena ante esta mascarada: “No es justo. Así deberían agarrar a los que desaparecen a las personas”.Mientras tanto, se ignora el paradero de Gustavo Rojo, de oficio carpintero, y desaparecido después de acompañar a su esposa, una estudiante de enfermería, a la parada del camión. Junto con él hay 15 mil 21 más sin localizar.El gobernador sostiene que ha hecho una inversión récord para la búsqueda de desaparecidos en su sexenio. Es un indicador de su buena voluntad, pero es inaceptable como resultado.Tanto como agradecer al engatusador que infla los precios para ofrecerte un “descuento”, pero el costo al final es el mismo o incluso mayor: miles de desaparecidos.Henry David Thoreau, en su célebre ensayo Desobediencia Civil, defiende el derecho de los hombres a negar su lealtad y resistir al gobierno cuando su tiranía o su ineficacia son grandes e intolerables.¿Es este el caso? Creo que es momento de deliberarlo.
