Desde los cimientos

¿Cuántos jueces corruptos, ligados al crimen organizado o aspirantes a ligarse, se necesitan para que la justicia en México termine por dar el paso último al abismo al que ha estado asomada durante tanto tiempo? Bastan unas pocas personas juzgadoras con ese talante, cunde con más enjundia la contaminación de las malas mañas que los ejemplos virtuosos, que los hay. Cada día aparecen más nombres de candidatos a montarse en el Poder Judicial, con antecedentes ajenos al prototipo del buen juez, de la buena jueza. Si nos atenemos a la promesa de la Presidenta Sheinbaum: las urnas purificarán a esos presuntos delincuentes, porque el voto del pueblo, según su credo laico, como los otros credos, soportado en la puritita fe, obra milagros. Pero si nos atenemos al conocimiento empírico adquirido, las elecciones del 1 de junio serán un mecanismo más malo que el que ya teníamos instalado en la “carrera judicial” que, el que fuera tradicional no lo hacía adecuado, con todo y que sí tenía algunas contenciones para ahuyentar maloras, puestas por mera conciencia de clase (“nos reservamos el derecho de admisión”) de la élite juzgadora con sus aliados en el Ejecutivo y el Legislativo, no por ganas de la clase política de elevar la justicia al rango del perseguido ideal.

La reforma del Poder Judicial de López Obrador-Sheinbaum es desde ya un fracaso de dimensiones cósmicas, y lo peor está por venir: el tropel de ineptos, corruptos y servidores de criminales que tendrán en sus manos la vida, el patrimonio (de personas, de empresas y las propiedades públicas, digamos, áreas naturales protegidas) y al cabo, la salud de la República. No maticemos: como ha sido el lópezobradorismo desde que rige, podemos concordar con sus diagnósticos, sus remedios matan.

¿Cuántos policías, investigadores de las fiscalías, guardias nacionales, militares y marinos ligados al crimen organizado, voluntaria o forzadamente, se necesitan para que los brotes de guerra civil entre pandillas de malhechores terminen por sojuzgar a las y a los ciudadanos, a la sociedad, al régimen paramilitar que ya tantos sufren? No muchos. Y los que hay son bastantes. No sabemos el número exacto, podemos intuirlo porque no hay carreteras seguras, no hay ciudades para vivir sin miedo, no hay libertad para emprender sin el cobro de piso y la extorsión, no hay confianza para denunciar a los criminales, la flagrancia con la que actúan nomás sirve para que, de barrio en barrio, de comunidad en comunidad engrose el acervo de historias, de vivencias de terror para contar al atardecer, puertas adentro. A pesar del discurso de la Presidenta, y del de su predecesor, lo de antes es lo de hoy, más dañoso y cínico, igual de impune.

Los abrazos sin balazos y cualquiera que sea el lema de la estrategia vigente, como la guerra del calderonismo, la indolencia del foxismo y el laissez faire de los previos (zedillismo, salinismo y síganle), fracasos de dimensiones cósmicas con efectos nefastos en la población entera de esta parte del planeta Tierra. No maticemos: el imperio criminal con sus asociados en los poderes públicos y en el poder económico nos está avasallando: nos sujeta, nos rinde, nos somete a obediencia.

El dolor, el miedo y la desesperanza, con la individualización dañina a la que convocan, están anclados en los territorios en los que hacemos nuestras vidas. Sólo que por una acendrada tradición centralista tendemos a mirar hacia Palacio Nacional, que equivale a la tierra de irás y no volverás. El fiscal Gertz Manero se planta en el pódium vecino del tal Palacio y pontifica como si supiera, como si conociera, como si sospechara en donde está Teuchitlán. A la Presidenta sus acomedidos le llenan el Zócalo y ella jura que estuvo con el pueblo mexicano entero. Claro, ambos, y otras y otros con ellos, gozan de la difusión amplia que damos a sus palabras y a sus gestos más triviales, como si fueran a resolver los fracasos cósmicos que a la gente le toca sufrir en regiones ignotas para el Gobierno federal.

El miércoles anterior, el gobernador Pablo Lemus tocó base: “El trabajo entre sociedad y gobierno hoy es fundamental”. “Trabajando todos unidos es como vamos a salir adelante”, y respecto al caso Teuchitlán: “En Jalisco no hay ni habrá carpetazo, aquí vamos a seguir investigando y vamos a seguir colaborando”. A lo que podemos sumar su anterior y afortunada expresión: “Aquí nadie se lava las manos”. Y no porque Izaguirre Ranch sea el principio y, pretendidamente, el fin del mal, sino porque por algún punto hay que iniciar a componer Jalisco. Tampoco porque sean suficientes las declaraciones, pero desde algún asidero debemos detener este despeñarnos imparable.

Podríamos suponer algunas acciones sobre sus dichos: la reforma judicial a la que está obligado el Estado, ¿la impulsará el gobernador mirando a la justicia, a la libertad e independencia de las personas juzgadoras, serán elegidas de entre las mejores para el cargo? No sin fundamento es sospechoso que sin más ni más el Congreso local burlara un mandato constitucional. ¿Quién se coludió para que así sucediera? ¿La reforma la delinearán las manos negras de siempre? No las mismas, sí las de siempre para lo de siempre. Enderezar la Fiscalía del Estado a manera de que sí sirva; depurarla, voltearla de cara a la gente, hacia la imperiosa urgencia de truncar la impunidad y terminar con la ridícula imposición de que las y los denunciantes, en una ciudad de más de cinco millones de habitantes, deban ocurrir a la peregrinación estéril a la capilla de la Calle 14, nomás para regresar con el entripado de que no sirve para algo. A la Secretaría de Seguridad Pública darle presencia definitiva en todo el Estado, que inhiba y reprima a los criminales. Y así con el Instituto de Ciencias Forenses y con las policías municipales: apoyarlas y entender sus contextos específicos.

¿Cuántos gobernadores se necesitan para prender la luz? Uno.

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