La semana pasada escribí en este espacio sobre la necesidad de los gobiernos de conservar las políticas y programas de los 80 (disciplina macroeconómica, libre mercado, flujo de capitales, integración comercial y reformas estructurales), sumadas a amplios programas sociales, para poder combatir la inequidad.Eso es exactamente lo que propone la CEPAL en el Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México. El texto describe un nuevo estilo de desarrollo económico con base en esos dos pilares. Asimismo, pone el dedo en la llaga de la urgencia de mayores recursos públicos:Una debilidad estructural compartida por todos los países es la fiscalidad. No hay desarrollo sostenido sin una fiscalidad que redistribuya, invierta y apoye la estabilidad de largo plazo. En la subregión persisten las limitadas capacidades de intervención de los Estados para proveer los bienes públicos suficientes y de calidad que son parte intrínseca del desarrollo y aspiración común de sus sociedades.En cambio, existe una cultura del privilegio altamente resistente al cambio y que se alimenta de múltiples mecanismos de evasión y elusión cuyo desmontaje es un imperativo impostergable. Asimismo, la debilidad fiscal se traduce en niveles históricamente bajos y precarios de inversión pública tanto en infraestructura como en servicios sociales. El Plan termina con una sección de 30 recomendaciones puntuales de política pública. En general las atraviesan la necesidad de una acción más eficaz de los gobiernos (resultados), junto con una activa prticipación del sector privado en todos los ámbitos de la economía (inversión). Sin embargo, sin mayores recursos públicos muchas de esas recomendaciones no son viables.Urge promover un análisis serio y profundo de qué reforma fiscal requiere México para 2020.
