Con 114,940 personas reportadas como ausentes según el registro oficial, México es el país con más personas desaparecidas en el mundo considerando a naciones que no atraviesan ocupaciones extranjeras, guerras civiles o conflictos internos reconocidos. Y con 14,487 desaparecidos, Jalisco es el epicentro de las desapariciones en el país. Únicamente en Jalisco hay cuatro veces más desaparecidos que los que dejó la dictadura militar de Chile, iniciada por Augusto Pinochet en 1973. La mayoría de estas desapariciones han ocurrido en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta agosto del año pasado se habían denunciado 44,073 reportes, lo que representa 40 por ciento del total de casos anotados en el registro nacional. En el caso de Jalisco, de los 14,487 casos reconocidos en el nuevo registro estatal, 8,911 han ocurrido en el sexenio de Enrique Alfaro, lo que equivale a 61 por ciento del total. A pesar de que la crisis por desaparición de personas ha aumentado en los actuales sexenios, federal y estatal, las estrategias y los recursos destinados para enfrentar esta crisis no sólo no han mejorado, sino que van en franco retroceso, según reconocen y denuncian colectivos de familiares de desaparecidos. Al comienzo del actual Gobierno federal, parecía que se daban pasos firmes hacia la conformación del Sistema Nacional de Búsqueda, tal como ordena la ley general en la materia, con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la designación de una titular de la misma que fue consensada con colectivos de familias. Otra señal clara a favor de una política para enfrentar la crisis por desapariciones fue el aumento constante en el presupuesto y en los recursos humanos a la CNB y de esta a las comisiones estatales. En la CNB se fortaleció el trabajo de búsqueda en vida y al mismo tiempo se apoyaron los esfuerzos para buscar a los desaparecidos de “larga data”, especialmente de casos ocurridos durante la Guerra Sucia. Todo esto se frenó y cambió hacia mediados del año pasado, cuando el Presidente anunció que se estaba llevando a cabo un “censo” porque estaba seguro que había muchos menos casos que los reportados ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno). El viraje se confirmó con la renuncia de la titular de la CNB, Karla Quintana, y la designación en su lugar de Teresa Reyes Sahagún, en octubre de 2023, a quien se acusa de cesar a decenas de funcionarios y especialistas y colocar en su lugar a antiguos colaboradores suyos o de la secretaria de Gobernación, sin mayor experiencia en la materia. Estos cambios más la presentación de los resultados del “censo” como parte de una supuesta Estrategia Nacional General de Búsqueda desalientan a familiares de los colectivos. “Haz de cuenta que estamos viviendo un retroceso de 15 años”, dijo Lourdes Huerta, del colectivo Buscadoras de Nuevo León, al criticar el desmantelamiento de la CNB (Reporte Índigo, 13 febrero 2024). Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), coincide con este diagnóstico: hay un retroceso de al menos diez años en las políticas y estrategias que se implementaban desde el Gobierno federal para enfrentar la crisis por desaparición de personas. En Jalisco ocurre un desánimo semejante. Después de un retraso de dos años y ocho meses, el Gobierno estatal presentó el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, al que estaba obligado por ley, pero fue hecho público con varios errores, anomalías e indicios de que se siguen manipulando las cifras. En conjunto, se tiene un panorama donde los gobiernos, federal y estatal no sólo han dejado de tener comunicación con los colectivos de familiares, sino que van en retroceso en cuanto a la implementación de estrategias y acciones eficaces para enfrentar la crisis por desaparición de personas. Pareciera que ahora su objetivo es administrar esta crisis para que no los dañe políticamente en el contexto de las elecciones y disputa del poder en curso.
