El más grande problema de inseguridad que se padece en Jalisco y en México, que son las desapariciones, marcará también este 2024, año de elecciones, debido a que más que buscar una solución de fondo a la crisis desbordada de violencia en el país, las autoridades buscan minimizar y criminalizar este fenómeno delincuencial, tanto a nivel estatal como federal. Si ya había irritación en las familias que sufren el dolor y la impotencia de no saber el paradero de algún ser querido, por la lentitud y burocratismo en las investigaciones, la falta de acompañamiento a los trabajos de las madres buscadoras y por el calvario que representa la identificación de los cadáveres en los saturados centros forenses, la molestia se exacerbó en diciembre pasado que el Gobierno de la 4T presentó los resultados del censo de desaparecidos, que prácticamente rechazaron todas las organizaciones que desde la sociedad civil trabajan en la búsqueda y combate de las desapariciones. De 110 mil 964 denuncias de desaparición en todo el país, acumuladas hasta el mes de agosto, el censo que presentó el jueves 14 de diciembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, tras más de medio año de levantamiento de encuestas a familias afectadas, sólo reconoció 12 mil 377, es decir sólo 1.1 de cada 10 desapariciones que había en el registro nacional.En el levantamiento de este conteo oficial, que anunciaron como parte de lo que llamaron Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, aseguran que encontraron e identificaron a 34 mil 524 personas, mientras que en 26 mil 90 casos no existen datos para la identificación y en 36 mil 22 de plano, aseguran, no hay indicios para la búsqueda.Además de asegurar que hubo muchas familias buscadoras a las que no se les preguntó de sus casos en el censo que levantaron los siervos de la Nación reclutados por la 4T, estas agrupaciones temen, con justa razón, que luego de la difusión de estas cifras las autoridades de los tres niveles de Gobierno descuiden aún más los trabajos de búsqueda a los que están obligados.En esa manipulación de cifras incurre también el Gobierno de Jalisco, según acusan familiares de desaparecidos, y confirmó esta semana el Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara.Desde la academia, y tras una revisión al Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, los académicos lamentan que desde 2022 no se alimente la base de datos y que siga sin publicarse el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, que el propio gobernador Enrique Alfaro prometió publicar antes de finalizar el 2023 y que ayer anunció para la próxima semana. Veremos.jbarrera4r@gmail.com
