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Desabasto de medicamentos: mortalidad y morbilidad evitables
Desabasto de medicamentos: mortalidad y morbilidad evitables
El desabasto de medicamentos en el sector salud nos coloca frente a una de las crisis más severas en materia de incumplimiento generalizado del derecho constitucional a la salud en décadas recientes; sus consecuencias son ya visibles en la estadística oficial, pero sobre todo en el rostro del sufrimiento de millones de familias que ven negado su derecho al disfrute más amplio posible de condiciones adecuadas de salud.
De acuerdo con la evidencia disponible, el desabasto de medicamentos está teniendo impactos importantes en la morbilidad y la mortalidad por enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y distintos tipos de cáncer. En un país donde más del 50% de la población adulta vive con al menos una enfermedad crónica, la falta de medicamentos no sólo deteriora la calidad de vida de las personas, sino que incrementa los riesgos de complicaciones letales que, de haberse tratado de forma oportuna, podrían haberse evitado. El caso de los pacientes con cáncer es particularmente alarmante: niñas y niños con leucemia, mujeres con cáncer de mama o de cuello uterino, hombres con cáncer de próstata, están viendo interrumpidos sus tratamientos o simplemente no los reciben.
La situación no es menos crítica en lo que se refiere a las enfermedades prevenibles por vacunación. Durante años, México se mantuvo como un ejemplo de cobertura y eficacia del Programa Nacional de Vacunación; sin embargo, la aparición de brotes de sarampión y tos ferina en distintas Entidades del país revela que los mecanismos de prevención se han debilitado profundamente. La reducción en la compra de vacunas, la falta de claridad en la logística de distribución y la ausencia de campañas nacionales sostenidas han abierto una peligrosa ventana para el resurgimiento de enfermedades que estaban en proceso de erradicación. El costo humano de este retroceso es inconmensurable.
En este contexto, hay un tercer aspecto que debe ser analizado con atención: el impacto del desabasto sobre las enfermedades controlables, como el asma, el VIH, la epilepsia o las enfermedades mentales. Muchas de estas patologías requieren tratamientos continuos y de largo plazo. Cuando no hay medicamentos, las consecuencias son múltiples: recaídas, hospitalizaciones innecesarias, pérdida de autonomía y, en muchos casos, condiciones irreversibles. Adicionalmente se encuentra otro problema grave: el gasto de bolsillo que deben hacer las familias. Adquirir medicamentos en farmacias privadas se ha convertido en una gran carga económica, especialmente para los hogares en situación de pobreza o de alta precariedad económica.
Este desabasto coincide con una triple crisis que agrava los efectos: la crisis climática, la sequía persistente, y la insuficiencia de agua potable en decenas de municipios del país. Esta condición compromete las capacidades mínimas de higiene y prevención en los centros de salud, y eleva el riesgo de infecciones intrahospitalarias, enfermedades gastrointestinales y brotes epidémicos por vectores. Si a eso se añaden temperaturas elevadas y falta de sistemas de enfriamiento adecuados en todo el sector salud, se pone en jaque la viabilidad del sistema público de atención. Además, el agua es escasa y de mala calidad en millones de hogares, lo que dificulta la implementación efectiva de campañas de salud pública que requieren esencialmente del líquido.
La crisis de salud que vive México no puede atribuirse a meros “errores administrativos”, ni puede achacarse exclusivamente a la pandemia. Se trata de una falla estructural, profundizada por décadas, que revela una desarticulación profunda entre el diseño institucional, la operación logística y el financiamiento del sistema. La centralización de las compras, la opacidad en la información y la falta de una política de transición bien estructurada han terminado por colapsar a un sistema que, si bien era frágil, tenía funcionamientos mínimos.
Recuperar la capacidad del sistema de salud no será una tarea fácil, pero es urgente. El acceso a los medicamentos es un derecho humano e ignorarlo es condenar a millones de personas a vivir y morir en condiciones de injusticia, sufrimiento y desamparo. La deuda de Estado mexicano en ese terreno no puede seguirse postergando.
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